Amenazas, insultos y mociones parlamentarias por el cambio de nombre de un colegio de Cádiz

Suele ocurrir cuando se acerca el proceso de escolarización. Las familias se interesan por matricular a sus hijos y preguntan por el colegio La Inmaculada, un centro ubicado en Cortadura, un barrio a la entrada de Cádiz, prácticamente en las afueras. “Nos consultan creyendo que somos un colegio concertado”, explica el director, Daniel Borrego. Pero La Inmaculada, a pesar de las connotaciones religiosas de su nombre, es un centro público y laico.

Estas habituales confusiones son parte de las razones que han llevado a iniciar un concurso para, más de medio siglo después de su creación, buscarle una nueva denominación. Pero esta decisión ha causado una honda polémica, tan intensa que ha incluido amenazas, insultos y hasta una moción en el Parlamento andaluz para evitarlo.

El CEIP La Inmaculada nació en 1972. La creciente población militar que tenía entonces la ciudad de Cádiz, con muchos cargos desplazados desde varias partes del país, propició la iniciativa de crear un colegio que atendiese las necesidades educativas de los hijos del personal del Ejército. Primero se creó una pequeña escuela en los bajos de las casas donde era destinado el personal de Defensa. Al crecer el alumnado, se levantaron posteriormente a la entrada de la ciudad, un colegio, con el mismo nombre, y un instituto, el Cortadura, en referencia a la zona y a la playa de la ciudad donde se ubica. Llegaron a tener en sus mejores momentos hasta 1.800 alumnos.

El arraigo militar de su origen puede explicar el porqué de la intensidad de la polémica que supone cambiarle el nombre. En Cádiz ya se han modificado las denominaciones de otros centros sin que supusiera ningún trauma. Ocurrió así con el Andalucía, que pasó a llamarse Juan Carlos Aragón, en referencia al fallecido autor de carnaval; o con el Carola Ribed, esposa de un gobernador franquista, que ha pasado a llamarse María Valle, en referencia a su querida presidenta de la asociación de madres y padres.

Una decisión “consensuada”

El colegio, que en su creación dependía del Ministerio de Defensa, es, desde hace años, un centro público y laico que depende, como todos los demás, de la Junta de Andalucía. Ha sido ahora, después de festejar los 50 años del centro en 2022, cuando la dirección y el Consejo Escolar han acordado convocar un concurso para cambiarle el nombre. “Nos complace anunciar que hemos iniciado un proceso emocionante y participativo para cambiar el nombre de nuestro centro educativo. Queremos que este nuevo nombre refleje nuestros valores, nuestra historia y el compromiso con el futuro de esta comunidad”.

El director, Daniel Borrego, ha explicado que esta decisión “consensuada” parte de la necesidad de desvincular de connotaciones religiosas el centro, evitar confusiones y favorecer una nueva imagen. “Son muchas las personas que creen que por nuestra denominación somos un centro concertado”. Por eso, en las bases del concurso, donde la comunidad educativa puede proponer nuevos nombres, se excluyen explícitamente referencias religiosas y políticas. La idea es que la nueva marca represente el entorno, la ubicación y también sea fácil de pronunciar.

La mera convocatoria del concurso supuso una auténtica revolución en las redes sociales. Los comentarios a la entrada en Facebook donde se anunciaba la búsqueda del nuevo nombre se llenó de descalificaciones, insultos y palabras soeces. “Hemos recibido amenazas directas en el correo electrónico del colegio”, dicen desde la asociación de madres y padres.

Una batalla ideológica

Lo cierto es que el cambio de nombre de La Inmaculada se ha convertido en una suerte de batalla ideológica con cartas de exprofesores, exalumnos y artículos en la prensa conservadora. Una asociación de antiguos estudiantes ha promovido una recogida de firmas para frenar el concurso. “Es inoportuno y fuera de lugar proponer un cambio de nombre para borrar todo nuestro pasado. Si lo que intentan es un nombre que refleje nuestros valores, ese es La Inmaculada”, sostiene Pablo Rodríguez.

Los últimos en sumarse a esta iniciativa para frenar el cambio de nombre han sido los diputados de Vox Manuel Gavira y José Ortells, que han presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para pedir “a Juan Manuel Moreno Bonilla que detenga este cambio de nombre e impida que se pierdan los nombres religiosos originarios de los colegios andaluces”. Vox atribuye que modificar esta denominación es acabar “con un legado cultural, histórico y espiritual profundamente arraigado en nuestra tierra”.

Los promotores del cambio, que son los que tienen competencia para hacerlo, explican que justo buscan eso: que su colegio no tenga ninguna connotación política o religiosa en su nombre. Y quieren que el proceso sea participativo, y que el alumnado, y también el antiguo, pueda proponer la nueva forma de llamar a este histórico centro educativo.

El plazo para presentar propuestas se acaba el 12 de enero. Será un jurado compuesto por miembros del Consejo Escolar los que decidan. Los responsables de la propuesta ganadora recibirán un diploma y un reconocimiento público. Es lo que dicen las bases, pero el ambiente está tan enrarecido que los promotores de este concurso han preferido mantener un perfil bajo en los últimos días. De momento, ya la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, ambas administraciones gobernadas por el PP, se han dirigido al colegio para pedir explicaciones sobre este proceso. No lo hicieron en anteriores cambios de nombre de otros centros públicos de la ciudad.