Este jueves 18 de febrero empieza una cumbre europea que previsiblemente concluirá el viernes siguiente con un acuerdo entre el Reino Unido y los otros 27 estados miembros. Si todo sale bien el acuerdo, que permitirá recortar ayudas a miles de trabajadores comunitarios que residen en la isla, será defendido por el primer ministro David Cameron y llevado a referéndum en junio frente a los euroescépticos seguros: una parte del Partido Conservador y el Ukip de Nigel Farage, que son los que quieren salir de la UE. Del lado del sí estarían el laborismo, la City, los sindicatos y el resto de tories encabezados por Cameron.
Salvando algunos flecos, todo apunta a que el 19 de febrero terminará con un arreglo, especialmente tras el movimiento adelante de los cuatro países de Europa del este que integran el Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia) y que son los más críticos por el impacto del acuerdo sobre cientos de miles de sus ciudadanos que viven en el Reino Unido. Diplomáticos eslovacos, checos y húngaros insistían el miércoles a este medio sobre la misma idea: aceptar las demandas de Cameron a condición de que éstas sean matizadas en la letra pequeña del acuerdo.
¿Por qué aceptan el denominado 'freno de emergencia' (emergency brake) del que podrá tirar Londres si ve que los excesivos benefits hacen peligrar la viabilidad de su Estado del Bienestar? “Porque no es aplicable retroactivamente y no afectará a los que ya residan en Reino Unido. Y porque queremos que el acuerdo subraye la excepcionalidad británica y aborte cualquier adopción similar en cualquier otro estado miembro”, explica un funcionario eslovaco.
El recorte de beneficios está por detallarse, pero parece que quedará de la siguiente manera: las ayudas a los trabajadores comunitarios en Reino Unido se verán reducidas o recortadas cuatro años si Londres ve necesario tirar del 'freno' para aliviar las arcas de la Seguridad Social británica; asimismo, las ayudas al trabajador por tener hijos fuera de la UE no se verán suprimidas –como pedía Cameron- pero sí indexadas en función del nivel de vida del estado miembro donde vivan los vástagos. Y es probable que el tijeretazo exija una evaluación supranacional de la Comisión Europea o el Consejo.
“Es un acuerdo intrínsecamente discriminatorio”, resumen fuentes de la delegación española. España no ha levantado demasiado la voz en las negociaciones previas a la Cumbre a pesar de tener 200.000 ciudadanos residiendo en Reino Unido, según el Ministerio de Exteriores. En realidad la cifra es seguramente mayor.
La República Checa calcula tener igualmente alrededor de 200.000 compatriotas en el país. Y su primer ministro, el socialdemócrata Bohuslav Sobotka, ha emergido como el dirigente más crítico dentro del Grupo de Visegrado.
Euroescépticos como el polémico Víktor Orban (Hungría) han sido más pragmáticos con Londres, aunque ninguno de los líderes de Europa del Este transigió ante las demandas iniciales de Cameron. “De acuerdo con las estadísticas de 2014, hay 55.000 húngaros trabajando en Gran Bretaña. En comparación hay más alemanes viviendo en Reino Unido, así que esto también debería de preocupar a Berlín”.
Pero el record de ciudadanos nacionales residiendo en Reino Unido lo ostenta indiscutiblemente Polonia, con no menos de 800.000 polacos según las cifras más conservadoras. Sin embargo y como proclama el portal norteamericano 'Politico', los polacos seguirán migrando allí “en busca de salarios más altos, no de beneficios”.
Aparte de los subsidios sociales, hay más puntos que encuentran una resistencia feroz del lado de otros países miembros. El principal es la insistencia de Cameron de que la City pueda dotarse de sus propias reglas y no depender de las reglas comunes financieras. Por lo pronto, Francia, Alemania o Bélgica rechazan esta propuesta, como ya la rechazaron en 2011 cuando la planteó el premier británico en el corazón de la crisis financiera. “Tal y como están las cosas, o Londres renuncia o no firmamos el acuerdo”, sentencia una fuente de Luxemburgo, un país en el que los servicios financieros suponen una contribución fundamental para el PIB.
Todo tendrá que negociarse entre jefes de Estado. Los demás flecos son la gobernanza económica, la posibilidad de salirse de futuros tratados y el cuestionamiento de las políticas de integración. En 2004 Tony Blair saludó la entrada en la UE de los antiguos países del bloque socialista y recibió con los brazos abiertos la mano de obra barata que Londres precisaba. Doce años después esa mano de obra ya no es recibida con tanta efusividad.