Es que encima no funcionan

Los centros de internamiento de extranjeros son edificios públicos donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular.

Hay mucha gente en contra de los CIE. Eso lo sabemos, lo hemos contado. Pero pensemos hoy en por qué están abiertos, por qué la política mayoritariamente cree que deben existir y que cumplen una labor necesaria.

La función oficial de un CIE es la de mantener recluidos (aunque oficialmente no sea una instalación penitenciaria) a las personas que tienen que ser devueltas a su país porque en el nuestro no tienen permiso oficial para estar. Digamos que si un inmigrante es pillado por la policía en la calle, en comisaría le pueden dar un papel, una orden de expulsión para que se vaya del país “voluntariamente”. Si no lo hace y la policía vuelve a pillarle (recordemos: mientras limpia nuestras casas o recoge nuestra verdura, mientras paga impuestos cada vez que come, que bebe, que pasa por caja en el supermercado, mientras rejuvenece nuestra población), si le detienen otra vez, entonces puede ser internado en un CIE.

El CIE, dice la ley, es una especie de sala de espera para la deportación. Como usted no se va voluntariamente, ya le expulso yo. Para completar ese proceso, el Estado tiene 60 días. Antes, eran 40. Ahora son dos meses en los que los inmigrantes viven encerrados en muchos casos sin los derechos que sí tiene la población reclusa, identificados con un número porque sus nombres, dicen los responsables, son demasiado difíciles de recordar. Muchas de las personas internadas tienen antecedentes o condenas que la ley conmuta por expulsión, pero sus garantías legales y humanitarias en los CIE son mínimas. Desahumanizados e invisibilizados, la mayoría son encerrados por no tener papeles, que es una falta administrativa, no es un delito, pero que acaba siendo castigada con el cautiverio.

Y aquí es cuando llegamos al dato clave: más de la mitad de personas encerradas en los CIE para ser expulsadas finalmente no son expulsadas.

En 2015, el Estado no consiguió deportar al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE. Son datos de un informe registrado por la Defensora del Pueblo. Es decir, se agota el plazo y el Gobierno no es capaz de cumplir el objetivo por el que el CIE tiene sentido desde la lógica de una política migratoria restrictiva. En el caso del CIE de Las Palmas no se expulsó ni al 3% de las personas internadas en 2015; en el de Zona Franca en Barcelona los casos de personas “inexpulsables” ascendieron al 72,22%.

Esto quiere decir que hay miles de personas encerradas hasta 2 meses, sufriendo condiciones inhumanas de hacinamiento documentadas por ONG independientes y organismos oficiales (periodistas no, porque no nos dejan entrar) para, encima, que no sirva de nada en más de la mitad de los casos. Los CIE no funcionan.

La tasa de “éxito” de la política de expulsión que justificaría los CIE no ha sido mucho mejor otros años. En 2014, España mantuvo encerradas sin llegar a deportar al 53% de las personas retenidas. En 2011, por ejemplo, tampoco se llegó a expulsar ni a la mitad.

Bien por esas miles de personas que, deseando quedarse en España, pudieron quedarse por la inoperancia del sistema de expulsión. Pero esa consencuencia positiva del desastre no mitiga el problema: los CIE violan los derechos humanos y encima lo hacen de manera absolutamente ineficiente. Y de hecho provocan otro limbo posterior: las personas que no son expulsadas son liberadas pero de nuevo con la orden de abandonar el país por su propio pie. Desde ese momento, son fantasmas, ciudadanos de segunda, que tienen que hacer lo posible por no ser descubiertas de nuevo hasta que con el tiempo consigan demostrar su arraigo o un contrato declarado a Hacienda.

Así que si usted defiende los derechos humanos, tiene muchas razones para estar en contra de los centros. Pero es que si defiende un Estado eficaz que use los recursos de manera responsable para “luchar” contra la inmigración irregular, también tiene razones de sobra para pedir el cierre de los CIE.