El sindicato Anpe informan a través de nota de prensa del descontento con la “falta de organización y coordinación de la Administración estatal con las de las Comunidades Autónomas”. Asimismo, en el comunicado aseguran que “los recursos presentados por la abogacía del Estado constituyen un paso más en la serie de actuaciones que han convertido la oferta de empleo público docente del año 2011 en un despropósito para el sistema educativo y un fraude para decenas de miles de opositores”.
Ahora, según Anpe, “vemos cómo el caos organizativo y de coordinación culmina con la judicialización de las convocatorias. Sin embargo, en opinión de ANPE, es precisamente la no convocatoria de oposiciones en algunas comunidades el hecho más grave de todo el proceso. Tanto es así que esperamos también de la abogacía del Estado los recursos pertinentes contra esta otra modalidad de incumplimiento de la legislación”.
La situación actual, explican, es una “amenaza de restricción de la oferta cuando los aspirantes han pagado ya sus tasas”, y explican que está propiciada por la “descoordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas”. Para ANPE esta indefinición de la oferta, “que perjudica gravemente a decenas de miles de opositores y a la planificación de los centros educativos comienza a resultar intolerable”.
Desde el inicio del proceso, ANPE exigió al Ministerio de Educación que, en cumplimiento de las atribuciones que le marca el artículo 2º de la Constitución, armonizara el proceso de oposiciones en todo el Estado, unificara criterios de interpretación legislativa y fomentara la oferta de empleo público entre todas las administraciones autonómicas. Esta falta de liderazgo unida a la insolidaridad de las comunidades autónomas y su falta de visión de Estado han propiciado la disgregación de las convocatorias de empleo, algunas de las cuales se han convertido en campo de pruebas de los ajustes económicos o de las propuestas electoralistas de las administraciones autonómicas.
Desde ANPE “siempre hemos exigido una amplia oferta de empleo público para aumentar la dotación de recursos humanos como factor esencial de calidad y para transformar el empleo precario en fijo. Este año era además especialmente significativo por concurrir dos condiciones excepcionales: el final de la posibilidad de jubilación anticipada que ha producido numerosas vacantes y el último año de aplicación de la disposición transitoria de la LOE que regulaba la situación de los interinos. Era un año en la que la oferta de empleo hubiera debido ser más generosa que nunca, porque las necesidades así lo requerían”.
Finalmente el sindicato anuncia que se sumará a todas las acciones que sirvan para obligar al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas a reconducir esta situación en aras de la cohesión y vertebración del Estado, para evitar los graves desequilibrios entre comunidades y para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes a la docencia.