La Consejería de Gobernanza Pública ha aprobado la resolución por la que se procede al incremento de las retribuciones de los empleados y empleadas públicos de la Comunidad Autónoma en un 2%. Este incremento se reflejará en la nómina de febrero con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. La decisión afectará a un total de 11.739 empleados públicos riojanos de Administración general, personal docente no universitario, personal de justicia y del SERIS.
Con esta decisión, el Gobierno de La Rioja cumple con una doble motivación: por un lado, culmina el compromiso alcanzado en 2018 con la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF. En este acuerdo se fijaba un incremento retributivo para el personal del sector público del 1,75% para 2018, 2,5% para el 2019, para culminar en 2020 con un incremento del 2%.
En este sentido, muestra la voluntad firme del Gobierno por seguir reforzando el diálogo social, tal y como también ha transmitido el director general de Función Pública, Carlos Arriazu, a los componentes de la Mesa General de Negociación, que se ha reunido esta mañana para informar de manera prioritaria sobre esta decisión a los representantes de los empleados públicos.
Por otro lado, después de la aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto-ley 2/2020 por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y dada la intención del Ejecutivo regional de aplicar con celeridad este incremento, el Gobierno de la Rioja ya previó esta situación en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2020.
La aplicación de este incremento supondrá una cuantía total de 9,7 millones de euros, todo ello distribuido por colectivos de personal de la siguiente forma.
Como novedad y con el objetivo de dotar de mayor transparencia todas las actuaciones de este gobierno, se ha procedido a la publicación en el BOR de las cuantías de las retribuciones mensuales de todos los trabajadores de la administración, incluyendo altos cargos y personal eventual, no publicados desde 2013.
Por último, la resolución dictada por la Consejería de Gobernanza Pública también regula la posibilidad de un incremento adicional a aplicar a partir de 1 de julio de 2020 condicionado al crecimiento de la economía. Concretamente, en el caso de que el PIB ostentara un crecimiento igual o superior al 2,5%, las retribuciones también serían incrementadas con un 1% adicional; si es inferior el incremento de las retribuciones se reduce proporcionalmente al crecimiento del PIB.
“Soy un convencido de que los empleados públicos son el motor de la Administración y el compromiso de este Gobierno con lo público pasa ineludiblemente por el compromiso con quienes gestionan y trabajan en los servicios que este Gobierno quiere mantener, reforzar y ampliar”, ha subrayado el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, durante la rueda de prensa ofrecida para explicar la decisión adoptada.
Ocón ha reconocido que “en muchas ocasiones estos servicios públicos se han mantenido en pie con el esfuerzo de estos trabajadores y trabajadoras pese a que, desde el estallido de la crisis económica, vieron empeorar sus condiciones de trabajo”. “Mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejores posibilidades de formación y estabilidad laboral repercutirán sin duda en unos mejores servicios públicos”, ha reiterado.
En este mismo sentido, ha recordado que el Gobierno procedió recientemente y en tiempo récord a la aprobación de la mayor Oferta de Empleo Público de los últimos quince años, con 771 plazas, incluida OEP de estabilización en todos los sectores; igualmente, aprobó el mes pasado el Plan de Formación 2020 y procedió a la recuperación de las 35 horas semanales.
Orden de ayudas sociales y al estudio
Por su parte, el director general de Función Pública, Carlos Arriazu, ha informado de la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la Orden 1/2020, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que se establecen las bases y se inicia el procedimiento para la concesión de ayudas sociales y al estudio para el curso académico 2019/2020.
Este Plan contará en este ejercicio con un total de 4.437.578,66 millones de euros destinados a los siguientes beneficiarios: personal de la Administración General, organismos autónomos dependientes de ésta y de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Rioja, personal jubilado de esta Administración, cónyuges o parejas de hecho y los hijos del citado personal.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana, 11 de febrero, y finalizará el 2 de marzo de 2020.
Las ayudas reguladas en la Orden van destinadas a las siguientes líneas, divididas en 2 grandes bloques:
Al estudio
- Educación infantil (0-3 años), hasta 136 € mensuales, previa justificación trimestral.
- Educación infantil (3-6 años), 140 € anuales.
- Educación primaria, 140 € anuales.
- Educación secundaria, para 1º ciclo, 170 € y para 2º ciclo, 240 €, anuales.
- Formación profesional básica, 240 € anuales.
- Bachillerato, ciclos formativos, 240 € anuales.
- Estudios universitarios, hasta 800 € anuales.
- Escuela oficial de idiomas, el 100% del coste del curso salvo las tasas administrativas.
- Conservatorio elemental y profesional de música, el 100% del coste del curso salvo las tasas administrativas.
- Complementaria por transporte, 50 € anuales.
- Complementaria por residencia, hasta 210 € mensuales, previa justificación trimestral.
Sociales
- Discapacidad, hasta 744 € trimestrales.
- Educación especial, hasta 248 € mensuales.
- Enfermos celiacos, hasta 75 € mensuales.
- Cuidado de hijo, 300 € mes hasta un máximo de 6 meses.
- Cuidado de la visión, 40 o 65 € anuales.
Las solicitudes se formularán de forma electrónica, salvo personal jubilado, huérfanos/as, viudos/as, personal en excedencia por cuidado de hijo o familiar, que podrán presentar la solicitud en papel. En el curso anterior, 2018/2019, se presentaron un total de 7.380 solicitudes de ayudas, de las cuales se concedieron 6.067.
“Con esta Orden el Gobierno de La Rioja vuelve a dar muestra de su compromiso con los empleados públicos en el marco de este plan de acción social ya que supone un incremento de casi 150.000 euros con respecto al curso anterior”, ha concluido el director general de Función Pública, Carlos Arriazu.