El Defensor del Profesor atendió 27 casos en el curso 2023-24 en La Rioja, lo que supone un alarmante aumento del 50% de los casos respecto al curso anterior y sitúa la media anual en 13,89 casos. A nivel nacional, durante el mismo curso, se atendieron 2101 casos, lo que supone un incremento de un 7,9 % respecto a los 1948 casos del curso anterior.
El sindicato ANPE ha señalado que las causas de este aumento de casos se asocian fundamentalmente al “preocupante deterioro de la convivencia en los centros educativos riojanos en los últimos años, así como a la progresiva pérdida de autoridad del personal docente en todos los niveles y ante todos los agentes de la comunidad educativa: alumnado, familias y la propia administración”. Ante el significativo aumento de casos atendidos por el servicio del Defensor del Profesor, ANPE reivindica ante la administración “el desarrollo urgente de toda la normativa referida al ámbito de la convivencia, una adecuada formación para todos los profesionales docentes y la garantía de los recursos humanos y materiales necesarios para los centros educativos”.
No obstante, en el lado positivo, han destacado que hay “una mayor conciencia y sensibilidad del profesorado para denunciar situaciones que considera anómalas, un aumento de la indignación ante dichas situaciones, una mayor capacidad asertiva del profesorado para pedir ayuda y asesoramiento externo, y la mayor visibilidad que ha adquirido el servicio del Defensor del Profesor en estos últimos años”.
Ante esta situación, consideran que el actual marco normativo en materia de convivencia es “insuficiente y no está dando los frutos deseados”. Ha habido un aumento considerable de los conflictos en los centros de Educación Secundaria, también en los últimos cursos de la Educación Primaria, aumentan los conflictos con el alumnado en Formación Profesional y comenzamos a ver conflictos con las familias en Educación Infantil. También se reportan conflictos entre compañeros docentes, entre ellos y los equipos directivos, y entre el profesorado y la propia administración.
Por todo ello, el Servicio del Defensor del Profesor considera urgente la revisión de la normativa vigente en materia de convivencia en los centros educativos de La Rioja, y piden que “contemple medidas concretas y que les dote herramientas eficaces para dar respuesta a los múltiples problemas y conflictos que surgen, y que garanticen una protección jurídica para el profesorado en sus actuaciones como profesionales de la educación”.
También consideran necesario ofrecer una adecuada formación para el profesorado y para las figuras clave en este ámbito, como son: los tutores, los equipos directivos, los servicios de orientación, los profesionales de apoyo y de atención a la diversidad, y los coordinadores de bienestar y convivencia de los centros. Del mismo modo, señalan que las medidas que establece la actual normativa, aulas de convivencia, equipos específicos, estén dotadas de suficientes recursos humanos y materiales para poder ser efectivas.
Finalmente, reiteran que “es imprescindible potenciar la consideración del profesor como figura de autoridad en el ejercicio de su profesión, una autoridad concebida no por su carácter punitivo sino por su contenido ejemplarizante y moral: la figura del profesor como modelo social en el que el alumnado puede fijarse, verse reflejado e imitar conductual, emocional y actitudinalmente”, y se haga no solo a nivel conceptual, sino que también respaldada por una normativa apropiada.