El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que instruye la investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha dictado una nueva providencia en la que cita a declarar como testigo al jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre.
Asimismo, cita al gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente, al jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital San Pedro, Fernando Martínez Soba, y a la funcionaria del Servicio de Admisiones del Hospital San Pedro de Logroño, Olga Llaría Soto.
Sin embargo, esta mañana el Gobierno de La Rioja explicaba que no le consta que se haya citado a declarar a estas cuatro personas.
Ghali entró a España el pasado 18 de abril por la base aérea de Zaragoza en un avión medicalizado argelino, sin pasar controles de fronteras ni documentación, y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser allí atendido al haberse contagiado de COVID-19.
Por otra parte, para el día 29 de octubre también está previsto que el magistrado instructor tome declaración por videoconferencia a la exdirectora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno (Carmen Calvo), María Isabel Valldecabres, y a la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo.
Su estancia en Logroño
Las nuevas citaciones se centran así tanto en el Ejecutivo riojano como en los responsables hospitalarios que conocieron del ingreso. En un oficio de la brigada Provincial de Información de Logroño de la Policía Nacional constaba que el pasaporte que Ghali aportó ante el hospital el 18 de abril fue expedido ese mismo día por Argelia. En el documento figura el nombre de Mohamed Benbatouche, pese a que días antes las autoridades argelinas contactaron con la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para avisar a España de que quien aterrizaría en Zaragoza sería Ghali.
Los agentes adjuntaron el pasaporte de Benbatouche al informe entregado al juzgado, y al que tuvo acceso Europa Press, en el que recogen las declaraciones --en calidad de testigos-- del coordinador de trasplantes y cuidados críticos del hospital y del gerente del centro sanitario en el que se atendió a Ghali. El primero aseguró que el 16 de abril le pidieron “una cama UCI para un paciente covid” que venía del “extranjero”; y el segundo dijo que fue el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja quien realizó la petición. Ambos indicaron que se enteraron de la verdadera identidad del líder polisario por la prensa.
Las citaciones se producen después de que se conozca, además, que la Abogacía del Estado ha presentado otro escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza para defender que el hecho de que el permiso de residencia del hijo del líder polisario Brahim Ghali se expidiera cinco días después de su llegada a España “no contradice” la declaración de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y su jefe de gabinete, Camilo Villarejo.
En un informe aportado a la causa, la Policía informó al juez de que el hijo de Ghali cuenta ahora con un permiso de residencia que fue expedido el 23 de abril de 2021 y tendrá validez hasta el 14 de marzo de 2026. El líder polisario --y su hijo-- llegaron a España el 18 de abril y salieron la madrugada del 2 de junio rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.
En el escrito de 8 de octubre, al que también tuvo acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado insistían en que tanto González Laya como Villarino “reconocieron con honestidad que no comprobaron 'ex ante' ni el pasaporte diplomático argelino ni el permiso de residencia”, dado que “existía buena fe” en la relación con Argelia, que requería asistencia humanitaria para Ghali.
González Laya dijo en su declaración en sede judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, que las autoridades argelinas le avisaron que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino y su hijo permiso de residencia.
Aseguró que “habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano” desde su Ministerio entendieron que la “entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso”. “¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos”, señaló.