CCOO de La Rioja ha convocado para este martes una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en La Rioja para exigir la aplicación y el desarrollo de la jubilación parcial y anticipada de los empleados públicos, funcionarios y laborales.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CCOO de La Rioja, Felipe Catalán, anunció esta concentración y reprochó al Gobierno central que no haya desarrollado la jubilación parcial de empleados públicos, pese a que está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en mayo.
Indicó que si se pone en práctica ese punto, cuando un trabajador tenga más de sesenta años y cumple unos requisitos de cotización, puede acortar entre un 25 y un 75 por ciento su jornada laboral y recibir un salario por el tiempo que trabaja y una pensión por la jornada que deja de trabajar. Para el tiempo que ese trabajador no está en activo, se produce un contrato de relevo, es decir, es obligatorio contratar a otro empleado a tiempo parcial, subrayó.
Catalán admitió que, para desarrollar esta medida, es necesario reformar la Ley de la Seguridad Social, ya que ahora no es posible cobrar dos salarios del Estado -el tiempo de trabajo y la pensión- y los ministerios de Trabajo y Hacienda “presionan para que no haga”. Por ello, “vamos a movilizarnos para vencer esa resistencia y que antes de las próximas elecciones se solucione este problema”, dijo Catalán, quien recordó que, el próximo día, CCOO, UGT y CSI-CSIF han convocado una manifestación en Madrid por esta cuestión.
Luis Arnedo, representante en CCOO de los trabajadores del Estado en La Rioja, recordó que “la edad media de los empleados públicos del Gobierno central está entre 50 y 51 años”, por lo que “lo que demandamos busca el rejuvenecimiento de las plantillas”. Citó, además, que algunas administraciones autonómicas, como la riojana, dan el derecho de jubilación parcial a su personal laboral y abogó por la creación de la figura del “funcionario a tiempo parcial”.
Según los datos de CCOO, en La Rioja hay cerca de diez mil empleados públicos, de los que 1.500 dependen del Estado, unos seis mil del Gobierno regional -entre ellos 1.500 laborales- y unos dos mil de las administraciones locales.