Hoy comienza en París el juicio contra el ex presidente y ex primer ministro francés Jacques Chirac, acusado de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y adquisición ilegal de participaciones en relación con el caso de los empleos ficticios cuando era alcalde de la capital francesa y lideraba el partido Reagrupamiento por la República (RPR).
Por primera vez en Francia, un antiguo jefe de Estado debe comparecer ante un tribunal correccional. Cabe la posibilidad de que se suspenda temporalmente el juicio por cuestiones de procedimiento, pero si el proceso continúa, Chirac estará presente en la sala este martes.
Se supone que, entre octubre de 1992 y mayo de 1995, 21 empleados del Ayuntamiento habrían servido a los intereses de Chirac y su partido, no a los de los parisinos.
La investigación de los hechos comenzó en 1998, y los detractores del ex presidente consideran que éste ha hecho todo lo posible por eludir su procesamiento. En cualquier caso, estuvo protegido por su inmunidad durante sus dos mandatos presidenciales (de mayo de 1995 a mayo de 2007).
Jean-Yves Leborgne, abogado de uno de los acusados, mantiene que los supuestos delitos que se juzgan han prescrito, por lo que ha pedido al presidente de la sala undécima del tribunal correccional de París que transmita una cuestión prioritaria de constitucionalidad al Tribunal de Casación. Si el juez lo acepta, el juicio quedará paralizado hasta que el Tribunal Constitucional tome una decisión.
El Ayuntamiento de París, víctima en el caso y parte civil desde 2001, no estará presente en el proceso. El Consistorio, dirigido por el socialista Bertrand Delanoe, decidió firmar un acuerdo el pasado invierno con la Unión por un Movimiento Popular (UMP), partido sucesor del RPR, y con Chirac.
La UMP y el ex presidente se han comprometido a devolver al Ayuntamiento 2,2 millones de euros (1,65 los reembolsará el partido). Según el alcalde, esta reparación “a la cual inspiran legítimamente los parisinos corresponde estrictamente al montante que aparece en la resolución de remisión del juez”. Sin embargo, durante la instrucción del caso, el Ayuntamiento estimó los prejuicios en 4,54 millones de euros.