El presidente de la Cámara de Contratistas de Cataluña (CCOC), Rafael Romero, instó al Gobierno a “hacer público” el coste del retraso de la línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Barcelona-Frontera francesa para que los ciudadanos puedan “juzgar” a los gestores de la infraestructura.
En una entrevista a Europa Press, Romero aseguró que se debe saber “el coste de la ineficiencia” en la obra pública, y añadió la necesidad de “desinstalar” el programa de la construcción en España y Cataluña donde “se quiere hacer economía antes de hacer la obra”, dijo utilizando esta metáfora informática.
Para Romero, todo lo que se gasta para preparar un proyecto comporta un “ahorro de tiempo y dinero” y expuso, como ejemplo, que “todo el mundo sabía que el terreno del Baix Llobregat por donde circula el AVE tenía problemas”. Aseguró que la idoneidad de una obra pasa por tres pilares fundamentales: “Seguridad, entrega en el plazo acordado y que cumpla con el presupuesto”, y destacó el modelo anglosajón como ejemplo de buena gestión.
Asimismo, alertó a la administración de cambiar la mentalidad del criterio predominante de licitación de obras, que es, según Romero, licitar al “más barato”.
La CCOC advirtió este mismo mes de que en 2007 las administraciones públicas licitaron el 26,3% de las obras públicas en Cataluña por debajo de coste, y matizó que cualquier precio que suponga una rebaja superior al 15% respecto al precio licitado se debe considerar por debajo del coste real de la obra.
EL NO RESIDENCIAL COMPENSARÁ EL RESIDENCIAL
Romero explicó que 2008 “disminuirá” la actividad constructora y que será un año de “transición”, donde el subsector de la edificación no residencial (naves, oficinas, centros logísticos) compensará “la caída” de la construcción de viviendas.
Aseguró que la construcción de residencial representa “sólo” el 44% del total, y que el 66% restante se reparte entre un 21% de edificación no residencial, un 25% de rehabilitación y un 20% de obra pública.
Así, afirmó que la rehabilitación también ayudará a la recuperación del sector, ya que es un subsector “estable” y con perspectivas, porque “más del 50%” de las viviendas del país son “deficientes”, explicó. Aún así, instó a la Administración a mejorar la fiscalidad de la rehabilitación y aseguró que la “mejor subvención es un ahorro del 9% del IVA” en las obras de reforma.
En cuanto a la obra pública, explicó que “se mantendrá, pero no crecerá”, ya que el subsector experimenta la “depresión postelectoral” con una duración mínima de dos años. Romero manifestó que serán la rehabilitación y el no residencial los subsectores que podrán “absorber una parte importante” de los puestos de trabajo que ha perdido la construcción de viviendas.
A pesar de la desaceleración del sector, Romero aseguró que hasta la vivienda de obra nueva tiene “buenas perspectivas”, ya que Catalunya y España tienen una demanda demográfica “notable” que permitirá la construcción de hasta 70.000 vivienda al año, aunque matizó que la demanda por inversión “no volverá”.
DESTRUCCIÓN DE 22.000 PUESTOS DE TRABAJO
El presidente de la CCOC afirmó que en 2008 se destruirán 22.000 puestos de trabajo, y aunque manifestó desconocer el impacto que tendrá la desaceleración de la construcción en otros sectores, explicó que por cada puesto de trabajo que desaparece en la construcción, hay 1,8 puestos de trabajo en otros sectores, como fabricantes de productos, el mueble y el textil.
Por otra parte, en cuanto a la siniestralidad, criticó la “perversión” de las estadísticas, ya que la Conselleria de Trabajo “compara los accidentes en la construcción con los grandes sectores de la economía” --dijo--, como los servicios, industria y agricultura, lo que “no es homogéneo”.
Recordó que en los últimos diez años se registraron las cifras “más bajas” en accidentes laborales, y manifestó que las características del trabajador accidentado en el periodo 1999-2007, extraídas de la Conselleria de Trabajo, “rompe muchos tópicos del sector”.
Así, explicó que el accidentado mortal es una persona de edad, cualificada (dos tercios fueron oficiales), de empresas de más de 50 trabajadores, el 45% de los cuales tenía una antigüedad de más de un año y el 60% fueron eventuales. Asimismo, la causa de muerte fue en un 18% por causas naturales, cifra esta última que Romero consideró que se debería descontar del cómputo de siniestralidad del sector.