El PSOE de La Rioja ha revelado que La Rioja 360, la empresa pública dedicada a la promoción turística de la comunidad autónoma, rescindió el 20 de junio el contrato con una autónoma, extrabajadora de la empresa dirigida por Virginia Borges hasta su nombramiento como directora general de Turismo, solo tres días después de que el PSOE denunciara las irregularidades. “A pesar de la insistencia del Gobierno en defender la legalidad de esta contratación, no deja de ser curioso que se rescinda el contrato de forma fulminante, sin ni siquiera esperar a que acabe el mes”, ha subrayado el diputado Miguel González de Legarra.
Este diputado denunció en junio en rueda de prensa que “la directora de Turismo contrató la gestión e implantación de proyectos turísticos con una falsa trabajadora autónoma y, además, que estaba fraccionando los contratos realizados con esa trabajadora con el único objetivo de burlar la Ley de Contratos del Sector Público”.
De este manera, Legarra ha explicado que este trabajadora ha cobrado 27.325 euros más IVA de La Rioja 360, recogidos en once facturas entre los ejercicios de 2023 y 2024, todas ellas numeradas de forma correlativa, con el mismo importe y el mismo asunto. “Además, esta trabajadora tenía su puesto de trabajo en las mismas instalaciones y en el mismo horario que los trabajadores de La Rioja 360, por lo que parece claro que el Gobierno de La Rioja era el único cliente”.
Desde el Gobierno de La Rioja responden que “el contrato de esa persona no se rescinde, sino que termina con absoluta normalidad en junio tal y como estaba previsto”. Explican que “el servicio que motivó el primer contrato en 2023 no se ha retomado y el que motivo el segundo contrato para el primer semestre de 2024 no necesita continuidad. La contratación se realizó por 6 meses para, en el marco de la urgencia de la gestión de los fondos europeos y sus plazos, apoyar la coordinación entre el equipo técnico de la 360 y la gestión administrativa de La Dirección General de Turismo que pasó de gestionar 5 millones a gestionar más de 50 millones de euros”.
También han alertado del mal clima laboral de La Rioja 360, con parte de la plantilla de baja desde junio por depresión y ansiedad. Lo que para el PSOE “refleja un comportamiento premeditado para sustituir a los empleados por una amiga a la que quería compensar tras el cierre de la empresa. Es un claro ejemplo de nepotismo”. Desde el Gobierno de La Rioja han apuntado que actualmente hay 6 personas de baja en el área dedicada a la gestión y promoción turística de La Rioja, cinco de las 19 personas trabajadoras de La Rioja 360 y una de la Dirección General de Turismo.
El diputado del PSOE ha afirmado que en el Pleno del Parlamento del pasado 27 de junio, el consejero de Turismo “despachó este asunto con absoluto desprecio y acusándome de filibusterismo por utilizar una interpelación para hablar de este asunto cuando ya habíamos presentado una serie de preguntas por escrito de las que afirmó, textualmente, que tendríamos respuesta y bien cumplida, por cierto”. Las preguntas a las que se refería el consejero en aquél Pleno “son una serie de 26 preguntas en las que solicitábamos información detallada sobre los proyectos y actividades desarrollados por esta trabajadora, sobre las metodologías de trabajo implantadas por esta persona en la empresa La Rioja 360 o sobre los proyectos concretos que ha gestionado”.
Tras 72 días de espera, la respuesta ha sido que “en contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que fueron contestadas de forma oral en sesión plenaria el pasado jueves 27 de junio”. En relación a las cuantías, la respuesta ha sido que “es público y notorio que dicha información es accesible mediante la Plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma”.
González de Legarra ha registrado una queja por cada pregunta no respondida y haasegurado que el consejero de Turismo “oculta la información que está obligado a facilitar, con lo que está amparando y protegiendo esta ilegalidad cometida por un alto cargo de su consejería”. El diputado Socialista ha señalado que “la rescisión fulminante del contrato con esta trabajadora, después de nuestra denuncia, demuestra claramente la ilegalidad de su contratación, y la ocultación consciente de la información solicitada solo puede ser el síntoma de que los conceptos que se reflejan en las facturas abonadas durante once meses a esta falsa trabajadora autónoma son falsos”.
Miguel González de Legarra ha explicado que el Gobierno de La Rioja sigue en este caso “el mismo patrón de respuesta que ha utilizado con el escándalo de los sobresueldos de los directivos del SERIS, reconociendo expresamente que nuestras denuncias son ciertas, pero sin poner remedio alguno”. Por eso, desde el Grupo Socialista “vamos a continuar demandando la información a la que, como diputados y como ciudadanos, tenemos derecho”.