El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves el informe de evaluación anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España. El informe revela que durante el año pasado se registraron 766 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales se llevaron a cabo 334 prestaciones. En La Rioja, a lo largo del año 2023 fueron cuatro las personas que solicitaron ayuda y fueron asistidas para morir.
En 2023 se registraron un 24,8% más de solicitudes de eutanasia que el año anterior La Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), que entró en vigor el 25 de junio de 2021, nació para dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual introduciendo un nuevo derecho individual en nuestro país.
Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han atendido 1.515 solicitudes de prestación de ayuda par a morir: 173 durante 2021; 576 en 2022; y 766 durante el año 2023.
Según el informe de 2023, el perfil más frecuente es el de una persona solicitante de entre 70 y 79 años (28%). Las enfermedades de base más frecuentes entre las personas solicitantes fueron la enfermedad oncológica (35%) y la neurológica (35%).
Tienen enfermedades graves y, si bien, la mayoría de ellas poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95%), un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad.
En relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prestación de ayuda para morir, ha sido de 67 días de media con una mediana de 54,2 días. Un 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud. El tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.
La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública. En cuanto al lugar donde se realizó la prestación, el 47% de las veces tuvo lugar en el hospital, mientras que el 44% se llevó a cabo en la residencia o domicilio del paciente.
El número de personas que cambian de opinión, es decir, que revocan la prestación es mínimo (3%) y el número de personas que solicitan aplazar la aplicación de la eutanasia una vez aprobada la solicitud supone un 4% del total.
El número de solicitudes denegadas fue del 24%, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE) correspondientes, fueron estimadas favorables más de la mitad de las reclamadas (58%).
En la mayoría de los casos, se solicita la administración directa de la medicación por parte del equipo sanitario.
Un 12,5% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.