La Audiencia Nacional celebra hoy la decimoctava sesión del juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera, en la que declarará como testigo el antiguo director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) David Vives. El testigo elaboró en abril de 1999 un informe en el que detalló la existencia de irregularidades en la agencia de valores y un posible desfase patrimonial de 27 millones de euros.
Las conclusiones de la investigación llevaron al Consejo de la CNMV a convocar una reunión extraordinaria el 16 de abril de 1999 en la que supuestamente se habló por primera vez de intervenir Gescartera.
Según declaró el propio Vives ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, durante dicha reunión él mismo propuso intervenir Gescartera, decisión que no llegó a tomarse debido a la división de opiniones entre los consejeros. En el acta de la reunión no consta que se discutiera sobre la intervención.
Vives siempre ha mantenido que tuvo el apoyo del entonces presidente Juan Fernández Armesto y del ex consejero José Manuel Barberán, mientras que el vicepresidente Luis Ramallo y los entonces consejeros Pilar Valiente y José María Roldán se opusieron a la intervención.
Durante la reunión extraordinaria también se decidió cambiar a Vives y dejar la inspección de Gescartera en manos del entonces director de la Unidad de Vigilancia de Mercados, Antonio Botella. Botella declaró el pasado 16 de noviembre en el juicio y afirmó que una de las mayores dificultades para detectar el agujero patrimonial era que “los clientes no se quejaban y daban su conformidad” con los datos que aportaban los responsables de la agencia de valores.
La inspección dirigida por Vives encontró un posible desfase de alrededor de 27 millones de euros después de cotejar el saldo de diez clientes a los que Gescartera asignó beneficios por 33,5 millones de euros y en cuyas cuentas bancarias sólo se encontraron 6 millones de euros.