La Delegación del Gobierno recurre en la Justicia la construcción de los contenedores soterrados en Bretón de los Herreros

La Delegación del Gobierno ha presentado un recurso contencioso contra la construcción de los contenedores soterrados en Bretón de los Herreros, delante de la fachada de los antiguos juzgados de Logroño, propiedadl del Estado y actualmente inutilizados. El Juzgado de los de lo Contencioso Administrativo número 1 de Logroño ha iniciado el procedimiento y abierto el plazo de nueve días para emplazar a otros interesados, según se ha publicado en el BOR.

El motivo de la controversia es la colocación de estos nuevos contenedores próximo a la fachada de los antiguos, “dentro del posible perímetro de seguridad del edificio cuando sea rehabilitado para futuros usos”, según ha explicado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño, Javier Martínez Mancho. La Delegación del Gobierno en La Rioja por el momento ha preferido no hacer declaraciones sobre el recurso.

Martínez Mancho ha explicado que esta publicación en el BOR es solo el inicio del procedimiento, que todavía puede activarse o suspenderse. Ambas administraciones ya han iniciado conversación y la voluntad de ambas es que el recurso no llegue a dirimirse en el ámbito judicial.

El antiguo Palacio de Justicia de La Rioja, ubicado en la calle Bretón de los Herreros, está previsto que se rehabilite para acoger y agrupar diversas dependencias de la Administración General de Estado, que actualmente están distribuidos en diferentes edificios. Es para ese futuro uso, cuando “no ven adecuado los contenedores porque prevén que entren dentro del perimetro de seguridad”. No obstante, “todavía no hay proyecto ni plazos”, apunta Martínez Mancho.

Este procedimiento se inicia ahora con los contenedores en funcionamiento desde el final de verano. Esta fue una de las actuaciones para las que el Ayuntamiento de Logroño consiguió fondos europeos, al incluirla en el proyecto 'Logroño, destino de compra', el referido a la remodelación de las Cien Tiendas y que se extendió a otras zonas para tratar de mantener la máxima financiación posible tras resolverse el contrato por resolución del contrato con la empresa adjudicataria “por incumplimiento culpable' de esta.