La organización de conservación marina Oceana ha advertido que el nuevo Catálogo de Especies Amenazadas solo protegerá 23 especies marinas en todas las aguas españolas, incumpliéndose así los convenios internacionales ratificados por España, por lo que exige al Gobierno que incluya 400 especies marinas en la nueva legislación.
Así, cetáceos, tortugas, coral rojo se quedan sin protección y la posidonia oceánica, planta acuática del Mediterráneo, no será protegida a pesar de estar en fuerte regresión y dada su importancia ya que forma praderas de las que dependen más de 1.400 especies.
La organización Oceana denuncia que, de aprobarse el borrador, España incumpliría los acuerdos internacionales suscritos y que se seguirán considerando comerciales especies que se encuentran en peligro crítico de extinción, como ciertos tiburones o el coral rojo.
En este sentido, Oceana ha propuesto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que incluya 400 especies marinas en la nueva legislación y que refuerce la protección de muchas otras contenidas, por ello la organización apunta que “a pesar de la creciente degradación de los mares españoles, el Catálogo no ha avanzado significativamente en la protección de sus especies en los últimos veinte años”.
Ricardo Aguilar, director de investigación de Oceana Europa, afirma que las especies marinas sufren cada vez más amenazas e insiste en que “el Ministerio no ha mostrado interés por la protección de las especies marinas, sino que se ha limitado a tratar de cumplir con los compromisos internacionales en su nivel más bajo incluyendo algunas especies en el listado”.
El Catálogo en Canarias, ante la Defensora del Pueblo
Las organizaciones Ecologistas en Acción , Greenpeace , SEO/BirdLife y WWF han presentado ante la Defensora del Pueblo una denuncia contra el nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas donde piden que se presente un recurso de inconstitucionalidad.
Estas entidades denuncian que el nuevo Catálogo incurre en ilegalidades y vulnera las competencias estatales en materia de protección ambiental y conservación de la naturaleza. Afirman esto en base a la falta de competencia de las Comunidades Autónomas para dictar leyes en materia de conservación de la naturaleza si contradicen la norma estatal básica, la Ley de Biodiversidad.
Así, el Parlamento canario ha aprobado rebajar la categoría de protección de numerosas especies mediante una norma emitida a modo de ley sin participación pública ni científica, han apuntado estas organizaciones.
En este sentido, las ONG ven en esta situación un intento de sortear el impedimento que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso a las obras del puerto de Granadilla , en Tenerife, porque afectaba a especies y hábitats amenazados.
Las ONG confían en que el Defensor del Pueblo eleve al Tribunal Constitucional esta denuncia, ya que consideran que el nuevo Catálogo canario contiene “numerosas y contundentes evidencias de ilegalidad” y así sentar un precedente en la conservación del medio ambiente de todo el Estado español que evite casos como éste.