En el mes de noviembre del pasado año, por parte del Grupo de Estupefacientes de esta Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en colaboración con el Area Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de esta Comunidad Autónoma, se inició una investigación conjunta denominada “Términus”, que ha culminado a finales del pasado mes de abril, en el curso de la cual se ha detenido a un total de doce personas (seis varones y seis mujeres), asentados en esta capital, supuestamente implicados en operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
Once de los detenidos lo fueron durante el mes de abril en la ciudad de Logroño, mientras que el otro miembro del grupo se encontraba internado en el Centro Penitenciario de Burgos, lugar donde se procedió a imputarle su presunta implicación en un delito de este tipo.
Las investigaciones se remontan a noviembre de 2009, cuando se procedió formar un equipo conjunto de funcionarios del Grupo de Estupefacientes de la Policía y otros del Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaria de La Rioja, en virtud a las competencias que tienen asignadas, con el fin de evitar que las personas detenidas por su supuesta implicación en delitos de tráfico de estupefacientes, puedan aprovecharse de los beneficios ilícitos obtenidos. De la investigación llevada a cabo se ha podido comprobar que los mismos tenían unas disposiciones económicas que de ninguna manera estaban en relación con los ingresos legalmente consignados.
A todos ellos les figuran antecedentes policiales por su presunta participación en delitos contra la salud pública, estando uno de ellos cumpliendo condena, mientras que otro ha sido ingresado en prisión al tener en vigor una orden judicial de detención.
Esta investigación ha estado dirigida por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a quien se ha dado conocimiento de los resultados obtenidos, y en la que se ha podido determinar la existencia de desfases económicos no justificados valorados en 268.092,38 euros supuestamente obtenidos del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, comprobándose igualmente que dichas personas se dedicaban de manera habitual a la compraventa de vehículos de segunda mano, al margen de la legislación económico-tributaria.