La Conferencia Sectorial de Educación se ha reunido este miércoles por primera vez en esta Legislatura para abordar cómo se resuelven los trámites para la incorporación de los alumnos en prácticas de Formación Profesional a la Seguridad Social y aprobar el reparto de 330 millones de euros a las comunidades autónomas, en una reunión presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
A partir del 1 de enero el alumnado en prácticas de Formación Profesional y los universitarios empezarán a cotizar a la seguridad social. Esta medida afectará a 1.100.00 estudiantes en prácticas de FP, que empezará a cotizar en 2024. El Gobierno cubrirá el primer año de cotización de los alumnos en prácticas.
Durante la reunión, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, ha asegurado que han mantenido hasta 172 reuniones con las comunidades autónomas para abordar la cotización de los estudiantes en prácticas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.
Ante esta situación el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana del Gobierno de La Rioja , ha lamentado este jueves que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, “haya desatendido su reclamación para retrasar la entrada en vigor de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas de los alumnos de FP, al menos hasta el 1 de septiembre, para garantizar la calidad formativa y titulación del alumnado en prácticas”.
Durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada ayer por la tarde en Madrid con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el resto de consejeros de las comunidades autónomas, se solicitó la instauración de “un sistema fiable y viable para realizar las bajas y las altas en la Seguridad Social de los alumnos que realizan formación mediante prácticas”, ha explicado Galiana. Para que la puesta en marcha de esta medida sea efectiva, el consejero de Educación y Empleo ha apuntado que “se planteó a la ministra dar los pasos precisos para su correcta implantación de modo que no se generen efectos perversos que puedan poner en riesgo la calidad formativa ni la titulación de los alumnos”.
La nueva medida, que supone la cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas, entra en vigor el próximo 1 de enero, tras la prórroga del Real Decreto Ley 5/2023. Sin embargo, Galiana ha defendido que “la norma vigente en las condiciones actuales, podría desincentivar a las empresas e instituciones poniendo en peligro el sistema de prácticas y el tejido productivo que conecta la Formación Profesional con empresas”. Por todo lo anterior, se planteó la suspensión de dicha medida, “ante el caos que va a suponer en las condiciones actuales, por cuanto peligran las prácticas curriculares de los alumnos”, o como mínimo un aplazamiento hasta la entrada del nuevo curso, en el próximo mes de septiembre.
Además, ha añadido, también se trasladó al Ministerio la posibilidad de establecer “una bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, a fin de no desincentivar la participación de las empresas en las enseñanzas de FP”.
Por último, Galiana ha lamentado que, durante la celebración de la Conferencia Sectorial, la ministra de Educación abandonó la reunión para hacer declaraciones a los medios de comunicación, demostrando así “su desprecio y desprestigio a esta institución, en la que se deben buscar acuerdos y no imposiciones”.