Los Consejos de Estudiantes del G-9, en el que se incluye la Universidad de La Rioja, han rechazado la postura adoptada por las universidades sobre el llamado Estatuto del Becario dado que, han afirmado, “éstas se oponen a laboralizar las prácticas”.
Han explicado que el nuevo Estatuto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, conocido como el Estatuto del Becario, incluye medidas que tienden hacia la laboralización de las prácticas porque garantiza a los estudiantes derechos similares a los de los empleados, como vacaciones y zona de descanso.
Se establece, también, que las empresas deben dar de alta en la Seguridad Social a cada estudiante y este tiempo sumará en el cómputo para la pensión.
Frente a esto, han dicho, “nuestras Universidades han considerado que la naturaleza de las prácticas debe ser puramente académica”. En contraposición, desde los Consejos de Estudiantes consideran imperativo poner encima de la mesa la situación real que los estudiantes padecen en el mercado laboral, donde, han añadido, funcionan “como mano de obra barata o gratuita”.
Por eso, han abogado por la laboralización de las prácticas, cuestión que, de por sí, han añadido, está insuficientemente desarrollada en el estatuto y que deja cuestiones sin resolver. Por eso, han reivindicado una nueva redacción con más garantías.
Desde los Consejos de Estudiantes lamentan que el Ministerio no haya tenido en cuenta su perspectiva para resolver los problemas que afrontan.
Reivindican la necesidad de una reforma integral de las prácticas, especialmente en el ámbito académico, que garantice su carácter formativo, remuneración, cotización y calidad.
Consideran que la supresión de las prácticas extracurriculares no conlleva la eliminación del fraude, pues creen que la principal política para suprimirlo es la remuneración de las prácticas académicas, así como dignificar la actividad formativa del estudiantado y permitir la permanencia de aquellas personas con menor capacidad económica.
Además, consideran “totalmente necesario” mantener la existencia de las prácticas extracurriculares, dotándolas de las mismas garantías mencionadas.
Desde los Consejos de Estudiantes del G-9 exigen al Ministerio de Trabajo una propuesta negociada con toda la comunidad universitaria, que atienda a la necesidad de un cambio del modelo formativo y que sitúe al estudiantado en el centro de la reforma.