En el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que se celebra estos días en Bilbao, los expertos se proponen encontrar la fórmula para acabar con las desigualdades en el tratamiento del Síndrome Coronario Agudo (SCA, un conjunto de manifestaciones de enfermedad cardiaca), que varía mucho en función de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el enfermo.
Convocados con un proyecto común para el futuro se han dado cita representantes de varias comunidades del país en la sesión sobre el tratamiento del Síndrome Coronario Agudo (SCA) en uno de los primeros encuentros del Congreso, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC).
Nicolás Vázquez González planteaba las claves de la práctica clínica en la materia en Galicia, Rafael J. Hidalgo Urbano presentaba la situación en Andalucía, Jaume Figueras Bellot hacía lo propio por Cataluña y M. Soledad Alcasena Juango planteaba el panorama en la comunidad de Navarra. Los moderadores de la mesa redonda han sido los doctores Luis Escosa Royo (Zaragoza) y Lezaun Burgui y Román Antonio (Navarra).
En la mente de todos los cardiólogos planea la irregular distribución autonómica de la mortalidad cardiovascular, un fenómeno que no es ajeno a otros países del entorno. Además de las consabidas diferencias derivadas de las disparidades socioeconómicas -como es el caso de la tradicional diferencia entre regiones del norte y del sur-, se reflexionaba en este foro sobre los factores determinantes de un fenómeno con el que los especialistas se han propuesto acabar.
Hay diferentes prácticas en la utilización de las herramientas de diagnóstico y en las estrategias terapéuticas, así como desigualdades en el acceso a los servicios de salud.
De acuerdo con la consigna marcada por el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica, a la hora de abordar el SCA se busca la coordinación de todo el sistema sanitario, administraciones regionales aparte. Además, se propugnan iniciativas encaminadas a promover la agilidad en la asistencia a los pacientes, superando los escollos que planteen los desplazamientos, así como el establecimiento de protocolos validados para todos y llevar adelante un plan estratégico de comunicación con la población, empezando por los sujetos especialmente vulnerables.