El Gobierno de La Rioja aportará 120.256 euros al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para la financiación del proyecto de recuperación y rehabilitación del edificio del Corregimiento. Esta subvención regional está regulada en un convenio de colaboración que ha firmado la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, con el alcalde de la localidad, Agustín García Metola.
La cuantía aportada por la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación estará dividida en dos anualidades de idéntica cuantía: 60.128,50 euros en 2016 y otros 60.128,50 euros en 2017.
La actuación se centrará en el Edificio del Corregimiento, ubicado en el número 6 de la plaza de España y anexo a la Casa Consistorial, que dará cabida a la Escuela Municipal de Música tras las obras de rehabilitación.
El importe global de los trabajos ascenderá a 1.516.031,58 euros y el Gobierno de La Rioja considera “de especial importancia la cooperación en la financiación de los trabajos de restauración, ya que se trata de un elemento de singular importancia, como es el Edificio del Corregimiento”, ha afirmado la consejera, quien ha detallado que durante su restauración se realizará el desmontaje de la carpintería y las cerrajerías; se demolerá la tabiquería y el muro de la fábrica de ladrillo de la planta primera; se levantará una nueva cubierta y solados; se restaurarán las fábricas de piedra eliminando los elementos ajenos a las mismas y se sustituirán sillares sellando fisuras y grietas.
El Edificio del Corregimiento es uno de los escasos edificios españoles, que durante toda su historia y de manera ininterrumpida, desempeñó una función jurisdiccional. Es decir, desde que se construyó en 1763 y hasta 1999 estuvo destinado a juzgado y cárcel.
Desde el punto de vista arquitectónico, se trata de un excepcional ejemplo de juzgado y cárcel del siglo XVIII, ya que fue diseñado de manera expresa a tal fin, y aunque en sus más de 250 años de historia fue redistribuido, sus elementos esenciales se han mantenido prácticamente intactos. De entre ellos hay que destacar las celdas situadas en su planta baja.
La clausura definitiva del juzgado de primera instancia de la ciudad se produjo en 1966, pasando el edificio a ser sede del juzgado comarcal, con menores competencias. Años después, en 1977 pasó a la categoría de juzgado de distrito.
Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 se transformaba de nuevo todo el panorama jurisdiccional español, eliminándose los juzgados de distrito. El juzgado pasó a ser un mero juzgado de paz. Esta fue la última función que desempeñó el edificio hasta 1999, año en el que fue trasladado a unas nuevas dependencias en el ayuntamiento. Desde entonces el edificio es utilizado como almacén municipal, con arreglos parciales para evitar su ruina definitiva.