El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha asegurado sentirse “satisfecho” por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) hecho público este jueves; en primer lugar, porque no era lo que “esperaban” en el País Vasco; en segundo, por la “unidad de acción” de las instituciones y agentes económicos y sociales riojanos en defensa de los intereses de la Comunidad.
Sanz, que ha comparecido apenas tres horas después de que el fallo del TUE fuera conocido, interpreta que el texto de la Corte de Luxemburgo “parece decir que no se cumplen, o lo pone en duda, los requisitos” exigidos en la sentencia sobre la fiscalidad de las islas Azores.
En ese dictamen de 2006 se determinaban tres condiciones que permitían a los entes distintos a los Estados fijar sus propios tipos impositivos: autonomía institucional, procedimental y económica. Según el presidente riojano, la sentencia de este jueves del TUE “pone en cuestión” la autonomía económica, relacionándola con el 'concierto' y el 'cupo'.
Es decir, según ha explicado Sanz, el Tribunal europeo pide que se averigüe si, a pesar de bajar o eliminar los impuestos, el País Vasco recibiría dinero del Estado después por lo que deja de recaudar, lo que, a priori, demostraría que no existe ese principio de autonomía económica.
Además, Sanz ha recordado los 16 pronunciamientos de diferentes tribunales favorables a La Rioja durante los últimos años en materia de Concierto Económico Vasco, que ha calificado de “éxitos”.
LOS LITIGIOS CONTINUARÁN
En cualquier caso, La Rioja buscará obtener un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo Español sobre las ventajas fiscales vascas y, en particular, sobre los tipos impositivos, manteniendo que son contrarias al Derecho comunitario y nacional.
Lo hará siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a quien el TUE remite ahora la cuestión, falle, como se prevé, a favor de los intereses forales. Contra su sentencia, La Rioja interpondría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En él, se agotaría la vía judicial. De ser contraria a los intereses riojanos, el Gobierno de La Rioja optaría por el cauce político. “Comenzaríamos a llamar al presidente del Gobierno de España, garante de la igualdad de los españoles según la Constitución, y a su ministro de Economía”, ha apostillado Sanz.
“El Gobierno de España ha sido muy parcial en este asunto”, ha acusado al respecto Pedro Sanz, que mantiene haber recibido más apoyo de la Comisión Europea que del Ejecutivo central.
Sanz, que ha insistido en que no pone “en duda” la autonomía vasca, sino que defiende “determinados límites en la aplicación de determinadas competencias” ha concluido: “Si no arreglamos esto, para establecer de qué forma la capacidad normativa de determinadas Comunidades Autónomas puede beneficiar al desarrollo económico de una región sin que eso produzca ningún daño a la comunidad vecina, este país ya no tiene remedio”.