El Gobierno de La Rioja ha mantenido los mismos argumentos en la vista oral del Tribunal de Luxemburgo que analiza el recurso casación y la ratificación de la sentencia del 9 de septiembre de 2009 que obligaba a las Diputaciones Forales Vascas a devolver las ayudas a las empresas vascas.
El Ejecutivo riojano ha señalado en su intervención que las Diputaciones Forales no pueden alegar la vulneración de la confianza legítima ya que este principio está reservado para los particulares y no para las administraciones. Estos argumentos son compartidos por la Comisión Europea.
Sin embargo, el gobierno de La Rioja ha mostrado su disconformidad con la posición del gobierno Central que según explican fuentes del Ejecutivo autonómico “da la espalda a la legalidad ya que con sus alegaciones desatiende la sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ya decretaron la nulidad de los beneficios fiscales vascos de los años 90”.
Y es que según el Gobierno de La Rioja, el Central en su intervención, ha argumentado la imposibilidad de recuperar las ayudas otorgadas en base a la confianza legítima y al tiempo transcurrido.