El Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias las condiciones para aprobar las medidas que les conciernen y que están recogidas en el Pacto de Estado para la Violencia de Género aprobado el 28 de septiembre en el Congreso de los Diputados. La Conferencia Sectorial de Igualdad, que se prevé tenga lugar la segunda semana de diciembre, sería el marco para escenificar el acuerdo.
De este modo, el Ejecutivo, que se encarga de refundir los informes del Congreso y el Senado para el Pacto contra la Violencia de Género, estaría “más o menos” en plazo, pues cuenta con un margen de dos meses para aprobar los términos con las comunidades y ayuntamientos, competentes en la implantación de gran parte de las medidas acordadas. Las mismas fuentes consultadas afirman que el primer escollo, la financiación, ya se habría superado.
En este sentido, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, reconoce que el Gobierno, aunque con cierto retraso, está en tiempos positivos, pues le consta que tiene reuniones con comunidades autónomas, y se ha mostrado confiada en que, en los próximos cuatro meses que quedan podrá sacar adelante gran parte de las medidas.
“No sé si aún se han reunido con el Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado, para apuntar que estos datos son los que el Ejecutivo deberá contar en la subcomisión creada en el Congreso para velar por el cumplimiento del Pacto.
“Seguimiento del grado del cumplimiento del acuerdo, identificar asuntos que podrían surgir al poner en marcha algunas medidas, analizar y recepcionar toda la información estadística en materia de violencia machista” son algunas de las labores que tendrá este órgano, según Álvarez, quien ha señalado su deseo es que sea “un espacio de transparencia”. “También tendremos control y seguimiento de las campañas de concienciación del Ministerio de Igualdad”, ha apuntado.
A la portavoz de Ciudadanos en este tema, Patricia Reyes, también le consta que existan esas reuniones, aunque se ha mostrado preocupada por el posible retraso en la puesta en marcha de algunas medidas. Llama así al Gobierno a “darse prisa” porque una reforma legislativa “no entra en vigor al día siguiente” de presentarla.
Más críticos han sido desde Unidos Podemos. Su portavoz de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha señalado que la inacción del Gobierno ante el Pacto podría ser considerada “violencia institucional” contra las mujeres. La diputada de En Marea ha criticado que el Ejecutivo no esté haciendo nada ante un acuerdo que ha sido ratificado por toda la Cámara. “Van a acabar una legislatura de mínimos, sin que pongan en marcha las reformas que hemos acordado”, ha declarado.