El Partido Riojano ha denunciado hoy que el reparto del fondo no reembolsable para las autonomías en la lucha contra el Covid-19, “perjudica claramente a La Rioja, al aplicar el criterio de población, frente a la actual ley de financiación autonómica o los criterios del coste del servicio, ya que no es lo mismo el coste de la sanidad o la educación en áreas de La Rioja tan dispersas como Cameros o el Valle del Cidacos, frente a estos servicios en Madrid o la Comunidad Valenciana”.
La formación regionalista ha recalcado que, con el nuevo criterio impuesto por el Gobierno Central, las regiones más castigadas por el Covid-19 serán las más perjudicadas en el reparto del fondo autonómico, frente a las regiones más pobladas que, “a pesar de haber invertido menos en sanidad o educación, salen claramente beneficiadas al aplicarse el criterio de número de habitantes”. Desde el Partido Riojano explican que el fondo recorta a 9.000 millones la partida dedicada a sanidad, 5.000 a la bajada de ingresos, donde se incluyen 800 millones para cubrir el déficit en los servicios de transporte como metro, cercanías o autobuses interurbanos y 2.000 millones para educación.
Dirigentes del Partido Riojano han criticado “la falta de reivindicación de la Presidenta Concha Andreu que parece conformarse con las migajas que nos entregue Madrid, a pesar de haber sido una de las comunidades más afectadas por el Covid-19”. Los regionalistas creen que “se saltan la actual Ley de financiación Autonómica y se inventan una nueva forma de reparto donde el peso de población se lleva gran parte del fondo y olvidan el coste del servicio y otros criterios como la población envejecida”. En ese sentido, los dirigentes regionalistas estiman que “La Rioja va a perder varios millones de euros con este criterio, lo que supondrá un varapalo para la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales en nuestra Comunidad”.
El Partido Riojano considera que debería convocarse el Consejo de política fiscal y financiera para debatir el reparto de los fondos con criterios ajustados a la legalidad vigente, como es la Ley de financiación Autonómica. Los regionalistas consideran que no se puede aplicar un criterio para favorecer a las Comunidades Autónomas con más peso en Madrid, como ellas mismas están reconociendo en el caso de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña.