El secretario de Salud del PSOE de La Rioja, Julián Olagaray, ha criticado que el Gobierno regional que preside Pedro Sanz externalice servicios que se pueden desarrollar en el Servicio Riojano de Salud (Seris) y que suponen, según ha dicho, un coste anual de quince millones de euros.
Olagaray, también diputado autonómico, se ha referido a la repercusión en La Rioja del Real Decreto-Ley sanitario aprobado el pasado día 20 por el Gobierno central, cuyas medidas ha calificado de “injustas” e “ineficaces”.
Ha añadido que los riojanos “no entenderán” que Sanz aplique medidas como la eliminación de once médicos en ochos zonas de salud y, mientras, “siga materializando externalizaciones de servicios que se pueden desarrollar en el Seris” y que “cada año desangran las cuentas de la Consejería de Salud por un importe de 15 millones de euros”.
Ese decreto del Gobierno central sobre medidas urgentes en el ámbito sanitario, ha dicho, es “injusto” porque “rompe la universalidad con la que se atendía hasta ahora a todas las personas en España” y “establece un sistema de aseguramiento que será ineficaz porque no conducirá a un ahorro”.
Cree que estas medidas, que el PP pondrá en marcha con “improvisación” y “poca eficacia” y que nunca dijo que aplicaría, forman parte del “verdadero programa oculto” de los populares.
Olagaray ha precisado que el Gobierno regional sigue la senda marcada por el Ejecutivo central, por lo que ha señalado que deberá aclarar a los riojanos cuál es su opinión sobre el copago farmacéutico, el copago sanitario establecido con la nueva reforma sanitaria y la exclusión de determinados colectivos.
Se ha referido a que este Real Decreto-Ley supone crear “un impuesto sobre la enfermedad” y que los ciudadanos tengan que decidir en gastar dinero en su salud o en reservarlo para sus necesidades básicas.
También ha criticado que los ciudadanos tendrán que pagar por las prótesis externas y por el transporte sanitario no urgente, además de que quedarán excluidos de la financiación pública algunos medicamentos que están indicados en el tratamiento de síntomas menores.
A ello ha añadido que esta normativa, con la que “se abre la puerta a pagar por cualquier prestación sanitaria”, perjudica a diversos colectivos de una forma especial, como los formados por los pensionistas, los jóvenes mayores de 26 años que no se hayan incorporado al mercado laboral y los inmigrantes en situación irregular en España.