El Tribunal de las Comunidades Europeas celebra este jueves en Luxemburgo la vista oral de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en torno a la capacidad normativa vasca en materia fiscal y, en particular, si el Impuesto de Sociedades de las haciendas vascas se ajusta a la legislación de la UE.
Esta comparecencia parte de la petición que realizó en septiembre de 2006 el TSJPV, que decidió elevar a la Corte de Luxemburgo, una cuestión prejudicial (consulta vinculante) para resolver la cuestión de fondo que subyace en la sucesión de recursos y causas judiciales en torno a las normas fiscales aprobadas por las Diputaciones Forales vascas y, sobre todo, al Impuesto de Sociedades. Esta iniciativa del alto tribunal vasco se llevó a cabo un mes después de que el Tribunal de Justicia europeo emitiera una sentencia sobre el régimen fiscal de las Azores.
El Tribunal vasco reclamó al europeo que estableciera un criterio legal sobre la posibilidad de que, de acuerdo con la legislación de la UE, la fiscalidad vasca pueda ser diferente de la vigente en el resto del Estado español, dado que la sentencia sobre las Azores abría esa posibilidad y determinaba en qué condiciones pueden los entes distintos a los estados fijar su propia fiscalidad.
Esta consulta vino determinada por el hecho de que el Tribunal Supremo emitiera sentencias e interpretaciones contradictorias sobre el encaje de la fiscalidad vasca en el tratado de la UE.
La vista que se celebrará mañana, cuya resolución puede demorarse aproximadamente un año, debe aclarar si la sentencia de 2006 del caso Azores es trasladable a Euskadi. Este fallo del Tribunal Europeo introdujo la posibilidad de que dentro de una región se apliquen medidas tributarias distintas a las del resto del país, si se cumplen determinadas condiciones, las cuales, a juicio de las instituciones vascas, se dan plenamente con el Concierto Económico.
Las instituciones y asociaciones empresariales vascas apelan a la sentencia del 'caso Azores', después de que el Tribunal Supremo, en diciembre de 2004, anulara la parte sustancial del Impuesto de Sociedades vasco porque establecía un tipo general (32,5%) inferior al del Estado español (35%) y de que se dieran una sucesión de recursos contra normas posteriores.
En la vista de mañana, los letrados que representan a las instituciones forales (Diputaciones y Juntas Generales), el Gobierno vasco, las Cámaras de comercio y las organizaciones patronales del País Vasco, además del Gobierno central, expondrán sus argumentos en favor de la capacidad de las Diputaciones vascas para fijar su propia fiscalidad.
Los razonamientos en contra serán defendidos por la CE, una serie de organizaciones riojanas encabezadas por el Gobierno regional, y la Junta de Castilla.
LA RIOJA ACUDE A LA VISTA
Una delegación institucional riojana encabezada por los Consejeros de Administraciones Públicas y Política Local e Industria, Innovación y Empleo, Conrado Escobar y Javier Erro, asistirá en Luxemburgo a la vista oral que se celebrará en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a diversos recursos interpuestos, entre otros, por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En la delegación riojana participarán también el Presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Julián Doménech; el Presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, José María Ruiz Alejos; el Secretario General de UGT en La Rioja, Javier Granda, y el Secretario General de Comisiones Obreras en La Rioja, Carlos Ollero.
DELEGACIONES A LUXEMBURGO
Partidos e instituciones de Euskadi han cerrado filas en torno al sistema fiscal y tributario vasco en los días previos a la celebración de la vista oral. La mayor parte de ellos desplazarán a delegaciones hasta la capital europea que seguirán de cerca el juicio.
Todos ellos confían en que el alto Tribunal europeo reconozca la viabilidad y legalidad del Concierto Económico y la posibilidad de que coexista con el resto de sistemas tributarios del Estado, el de Régimen General y el Convenio navarro. Esta esperanza se sustenta en la sentencia de Las Azores que el Tribunal de Justicia Europeo emitió en agosto de 2006, en la que reconocía la coexistencia de dos sistemas fiscales distintos dentro de un país de la UE.
El Gobierno vasco estará representado en su vicelehendakari y viceconsejera de Hacienda, Idoia Zenarrutzabeitia, que acudirá junto a los diputados generales de Bizkaia, José Luis Bilbao, Gipuzkoa, Markel Olano, y Alava, Xabier Agirre. También se sumará a la representación institucional la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao y la de Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero.
El secretario general de la patronal vasca, José Guillermo Zubia, viajará a Luxemburgo junto a representantes de las organizaciones territoriales, al igual que lo harán los dirigentes de la Cámara de Comercio de Bilbao, personada en la causa, y única institución que podría recurrir un fallo negativo ante la última instancia judicial.
RIFI-RAFES
La forma de reflejar el apoyo al Concierto, con motivo de la celebración de la vista oral, originó discrepancias entre algunas formaciones, además de reproches a populares y socialistas, así como a UGT, procedentes del Gabinete Ibarretxe.
El pasado día 21, el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, hizo pública una propuesta dirigida al resto de formaciones para una defensa conjunta del Concierto Económico que incluiría un acto público de respaldo y que, en un primer análisis, fue calificada de “electoralista” por el PSE.
Días después, el PP mostró sus disposición a sumarse a la iniciativa y pidió al resto de formaciones “sacar” el Concierto de la campaña electoral para respaldarlo de forma clara.
Los socialistas vascos aclararon que sus críticas sobre el electoralismo de los jeltzales no conllevaba una negativa a apoyar el acto y reiteraron su total respaldo al sistema fiscal y tributario.