El Tribunal Supremo ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares que percibió por la organización de unas actividades académicas en dicho centro, coincidiendo con la licencia por motivos de estudios de la que disfrutó el magistrado entre marzo de 2005 y junio de 2006.
La remisión de dicha documentación se ordena en un auto dictado hoy por la Sala de lo penal del Supremo que archiva la querella presentada por un abogado alicantino contra Garzón, al que acusaba de cohecho y prevaricación por haber haber recibido 1,7 millones de dólares del Banco Santander por la presentación de un ciclo de conferencias y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.
Tras analizar la cuestión, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado carecen de relevancia penal y archiva la querella, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinante de responsabilidad ante el CGPJ.
Por ello, deduce testimonio de esta resolución y remite la información al Consejo “a los efectos que estime pertinentes”.
Apunta que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave “faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos”, y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en EE.UU “no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos”.
Según el auto dado a conocer hoy, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares por organizar los cursos denominados “Diálogos Transatlánticos” y “Seguridad Jurídica”.