El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha afirmado que “en La Rioja no hay colegios ‘gueto’, pero sí un consejero de Educación sumamente autoritario. Su objetivo no es el de suprimir las desigualdades, su objetivo es controlar el sistema y el precio que pagaremos todos es la libertad”.
Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 8, durante una rueda de prensa en la que ha valorado el borrador del decreto de escolarización del Gobierno de La Rioja para el curso educativo 2021-2022, cuyo proceso de escolarización está previsto que comience el próximo mes de abril.
“Resulta razonable una actualización del anterior decreto, vigente desde 2007, si bien lo que ha hecho el autoritario Consejero de Educación, Pedro Uruñuela, es dar un giro de 180º con el borrador de ‘decretazo’ que ha presentado. Un borrador que ha pasado por el Consejo Escolar aplicando el habitual rodillo de Andreu sin atender ninguna propuesta planteada y que será aprobado en breve”, ha apuntado.
El portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional ha alertado de que este ‘decretazo’ “es la primera concreción de la Ley Celaá en La Rioja y plenamente coherente con el pacto establecido por el PSOE, los comunistas y los populistas que sustenta el Gobierno de Andreu. El Gobierno de La Rioja se convierte así en un seguidor ultra de los dictados de Celaá en su afán por controlar todo lo que pasa en la educación, algo en lo que el Gobierno de nuestra Comunidad es un alumno aventajado”.
“Lo que se persigue es el control, en lugar de pivotar sobre la libre elección de los padres para escoger la educación que quieren para sus hijos, el sistema propuesto pivota sobre otras cuestiones como una función integradora, presuponiendo que el actual sistema educativo riojano no lo es, o no respeta las diferencias, una visión con la que el PP no puede estar de acuerdo”, ha apuntado.
“Un afán de control reforzado por dos principios que aparecen en el texto, se insiste en la idea de la ventanilla única y la presentación telemática de las solicitudes; así como en la creación de una oficina de escolarización permanente que busca suplantar a los propios centros en esta área relacionada con la admisión de alumnos”, ha añadido.
Garrido ha lamentado que se “considera a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo como una carga que debe ser distribuida de manera uniforme entre los distintos centros y no son considerados como una oportunidad para destinar los recursos necesarios para atender sus necesidades en los centros de elección de las familias. Prueba evidente de que la supuesta igualdad es la excusa para controlar la educación y cercenar la libertad”.
En este sentido, ha resaltado que la Consejería tendrá “excesiva discrecionalidad para la distribución del alumnado. Antes sólo intervenía cuando no había plazas suficientes en los centros. Ahora lo hará con limitaciones geográficas y también en la composición de las aulas, escudándose en la sospecha, nunca demostrada de manera fehaciente, de que los centros concertados eligen a sus alumnos”.
Del mismo modo, el Portavoz del Grupo Popular ha subrayado que este borrador supone “el fin de la zona única de escolarización de Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua. La zonificación, las zonas de influencia, se liga expresamente a los municipios. Volveremos así a aquellos tiempos en los que las familias tenían que hacer ingeniería administrativa para realizar empadronamientos de conveniencia para poder elegir un determinado centro escolar”.