La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) tilda de 'fake news' “los datos exagerados por la banca sobre el IRPH” y estima que en La Rioja “podría haber hasta 3.500 hipotecados con IRPH”.
Para esta Asociación, las conclusiones del abogado general de la Unión Europea “muestran que Europa sigue siendo la principal protectora de los consumidores y sus derechos y valedora de la legalidad”. Y además el informe “da un tremendo revolcón al Supremo que quería excluir al IRPH del control de la legislación de cláusulas abusivas de la legislación comunitaria”.
Adicae sostiene que el abogado general europeo deja claro que el IRPH “es engañoso” al asegurar que se trata “de una fórmula matemática compleja y poco transparente para el consumidor medio”.
“Por todo esto el fiscal de la UE abre la puerta a que los jueces españoles tumben un nuevo abuso de la banca”.
Y es que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros estaba “absolutamente convencida” de que “ese índice era muy raro, muy poco transparente, por tanto no debería haberse comercializado para los usuarios españoles ya que no era fácil de comprender. Se les presentaba groseramente como el índice que más le favorecía. Estamos de nuevo ante una cláusula suelo. Es la cláusula suelo bis”.
Por todo ello, Adicae alerta de que las entidades “están intentando legalizar a marchas forzadas los contratos del IRPH para asegurarse la continuidad de sus ingresos mediante unos acuerdos-trampa donde luego obligan a no reclamar”.
Por último, Adicae pone en tela de juicio “los datos que se están publicando sobre el número de afectados y cantidades a las que la banca se expondría”.
“Está claro que todos los números que se están barajando son una gran 'fake news' orquestada por algunos sectores de la abogacía y que cuenta con la complicidad del Banco de España. Están contentísimos de que se difunda todos estos números que van desde los 4.000 millones a los 44.000 millones de euros”.
Adicae recuerda, en todo caso, que el informe conocido ayer “no es vinculante y es una más de las partes que dan su opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que decidirá a principios del año que viene. No obstante sería muy extraño que la sentencia del TJUE lleve la contraria tanto a la Comisión Europea como al abogado que se ha posicionado de forma clara y rotunda a favor de los consumidores”.