El fiscal pide 15 meses de prisión para el exalcalde de Viguera, Aitor Santibáñez, y a otra persona, que responde a las iniciales de A.C.M., por un delito de malversación, al haberse quedado con parte del gasoil que se destinaba al colegio de la localidad.
Además les reclama 2.700 euros a cada uno, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público por cuatro años. También les pide que, de forma conjunta, abonen al Ayuntamiento de Viguera 730 euros, en concepto de responsabilidad civil.
El juicio, que se desarrollará con jurado popular, se celebra este lunes, a las 10,00 horas. Los hechos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se remontan al 22 de enero de 2018, cuando el entonces alcalde por el Partido Popular -la formación lo expulsó poco después de su detención-, solicitó a A.C.M., que era comercial de una empresa de productos petrolíferos, 3.000 litros de gasoil.
Entre los dos acusados “acordaron” que 2.000 de los 3.000 litros se usaran para el depósito de la escuela que “depende materialmente del Ayuntamiento de Viguera”, y los 1.000 restantes “se destinaran para abastecer el depósito de gasoil de una vivienda de uso personal de Aitor Santibáñez”, situada en la misma localidad de la que ejercía de alcalde.
Además, entre los dos investigados también “acordaron” que el cargo de los 3.000 litros de gasoil “se efectuara en su integridad al Ayuntamiento de Viguera, disponiendo que los 3.000 litros se incluyeran en un único albarán de entrega para ser abonado en su totalidad por ese Ayuntamiento”.
Uno de los acusados, A.C.M., para “la realización de este plan” llamó al conductor del camión suministrador para que distribuyera suministro de combustible en la vivienda de Santibáñez.
La empresa de productos petrolíferos emitió una factura emitió una factura el 26 de enero de 2018, “pagadera por el Ayuntamiento de Viguera por el concepto de suministro de 3.018 litros de agrodiesel+10 realizados el 22 de enero de 2018”. Ello provocó un “quebranto económico” en las arcas municipales de “al menos 730 euros”.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de malversación del que hace responsables a los dos acusados. A ambos les pide 15 meses de prisión, así como 2.700 euros de multa, además de inhabilitación especial para cargo o empleo público por cuatro años.
Finalmente, les pide que, de forma conjunta, abonen al Ayuntamiento de Viguera 730 euros, en concepto de responsabilidad civil.