El Consejo de Ministros de este martes, 24 de septiembre, ha solicitado al presidente del Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra un punto concreto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja. Tal como había adelantado Rioja2, el Gobierno central considera que los puntos 1 y 2 del artículo 12 de la norma riojana, atentan directamente contra los principios de la Constitución española.
Tal como ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hace unos meses se activó entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja el mecanismo 33.2 para la creación de una comisión bilateral en la que intentaría alcanzar un acuerdo respecto a este punto pero no ha sido posible. “Estamos abocados ahora a solicitar este recurso al Tribunal Constitucional en tanto en cuanto ese artículo específico lo que traslada es que se pueda tramitar por parte de la comunidad y con urgencia los contratos que tengan que ver con ejecución de gastos relativos a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia”, ha explicado el ministro.
Según la lectura que hace el Gobierno de España, ese artículo 12.1 resulta incompatible con las bases estatales, “invade competencias de carácter estatal e incluso de carácter comunitario, de la Unión Europea, que pudieran incluso tener riesgo de correcciones y de afección económica”. Por todo ello, tal como adelantaba este medio, según el juicio del Gobierno de España y del propio dictamen del Consejo de Estado, “es un artículo de carácter nulo y fuera de la Constitución”.
Sin embargo, desde el Gobierno de La Rioja se trata en todo momento de quitar importancia a este movimiento del Gobierno de España contra la norma riojana. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha reconocido que se ha enterado de la noticia a través de Rioja2, ya que no habían recibido ninguna notificación pero asegura que este asunto “no alcanza la categoría de conflicto porque es un mero debate técnico en un punto muy concreto de la Ley”.
Incide Domínguez en que este punto se encuentra dentro del paquete de medidas aprobadas el pasado año por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de agilizar y mejorar la capacidad de gestión de los fondos europeos Next Generation e insiste en que era necesario por la “bajísima ejecución” de estos fondos que se encontraron al llegar al gobierno.
Este recurso anunciado ahora por el Gobierno de España es, en opinión del consejero riojano, una mera “cuestión técnica” que “no afecta a la contratación de los expedientes y no tendrá ninguna consecuencia porque en todos ellos se alega la causa de la urgencia”. Ha asegurado que el Gobierno de La Rioja “seguirá trabajando con la misma agilidad que hasta ahora ya que en cada contrato se justifica y se motiva la urgencia”. No aclara por qué se incluye entonces este artículo que elimina esta obligatoriedad de justificación pero insisten en que “la consecuencia técnica de este recurso es nula”.