El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón alegó hoy que no actuó “de mala fe” al ocultar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cobró 203.000 dólares por organizar un ciclo de conferencias en la Universidad de York entre marzo de 2005 y junio de 2006. El juez asegura que el órgano de gobierno de los jueces “nunca le preguntó si iba a cobrar” por estas actividades.Fuentes próximas al magistrado, que no se encuentra hoy en la Audiencia Nacional al estar disfrutando de un permiso oficial, desmintieron “rotundamente” que “actuara con mala fe o con afán de ocultar al CGPJ información sobre las retribuciones” que percibió durante su estancia académica en Estados Unidos.
Estas fuentes explicaron que en el momento en que solicitó la licencia de estudios para organizar el simposio en la Universidad de Nueva York, las retribuciones que iba a percibir “no estaban fijadas” y que, “si hubiera tenido interés de ocultar sus ingresos, no lo habría declarado al fisco norteamericano, como hizo”.
“Garzón declaró hasta el último dólar en Estados Unidos y después consolidó su declaración de renta ante el fisco español”, señalaron las citadas fuentes, que añadieron que cuando solicitó la prórroga de su licencia de estudios, el CGPJ no le hizo ningún requerimiento acerca de sus ingresos.
4.500 EUROS NETOS AL MES
En relación con la cuantía de estas percepciones, el entorno del juez explicó que ascendieron a 4.500 euros netos al mes, una cantidad, según estas fuentes, “muy inferior a la media que perciben los profesores americanos”.
A este respecto, puntualizó que Garzón tenía en la Universidad de Nueva York el estatus de profesor investigador, por lo que no daba clases magistrales a lo largo de toda la semana sino conferencias magistrales en el marco de un curso de postgrado y con el objetivo de desarrollar un proyecto de investigación.
El Supremo pidió ayer al CGPJ que investigue si el juez pudo cometer una falta al no declarar que había cobrado 203.000 dólares por la organización de estas actividades. La remisión de esta documentación se ordena en un auto dictado ayer por la Sala de lo Penal del Supremo que archiva la querella presentada por un abogado alicantino contra Garzón, al que acusaba de cohecho y prevaricación por haber haber recibido 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.
Tras analizar la cuestión, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado carecen de relevancia penal y archiva la querella, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York podría ser determinante de responsabilidad ante el CGPJ.
“FALTAR A LA VERDAD”
Por ello, deduce testimonio de esta resolución y remite la información al Consejo “a los efectos que estime pertinentes”. Apunta que la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave “faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos”, y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en Estados Unidos “no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos”.
Según el auto dado a conocer ayer, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, el Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares “en concepto de sueldo” por organizar los cursos denominados “Diálogos Transatlánticos” y “Seguridad Jurídica”. En todo caso, el Supremo recuerda que “no consta” que estas iniciativas fueran promovidas por “persona alguna vinculada a la entidad bancaria BSCH, SA”.