Gas Natural Fenosa es la primera energética española en poner en marcha un teléfono gratuito, el 900649243, donde los clientes pueden consultar si el vendedor que le visita tiene la acreditación en vigor y si las ventajas de la oferta se corresponden con la realidad.
Esta medida forma parte del paquete de medidas con que cuentan las comercializadoras del grupo energético en España para detectar mala práctica comercial en la venta presencial a sus clientes y poder luchar contra este problema que perjudica a usuarios y a empresas.
Según el director general de Negocios Minoristas de Gas Natural Fenosa, Daniel López Jordá, “el grupo cuenta con un exigente protocolo interno de detección de mala práctica comercial en la venta presencial de productos y servicios a clientes para luchar contra un problema que perjudica a usuarios y a empresas”. “Nuestro objetivo es contar con clientes satisfechos y que confíen en nuestra compañía. No queremos que ningún cliente venga con nosotros engañado”.
En caso de detectar alguna mala práctica comercial, Gas Natural Fenosa inhabilita al vendedor indefinidamente y le denuncia en los Tribunales de Justicia.
Durante este año 2017 Gas Natural Fenosa ha inhabilitado a un total de 190 vendedores lo que representa el 4 % del total de comerciales acreditados y ha detectado 470 casos de malas prácticas, lo que representa el 0,033 % del total de contratos realizados.
Protocolo exigente para luchar contra engaños a clientes
Así, para proceder a contratar a un cliente, las comercializadoras del grupo Gas Natural Fenosa exigen a sus comerciales que presenten copia del documento nacional de identidad del cliente que va a contratar, firma del contrato de suministro o servicio y locución de verificación de la contratación realizada por un tercero.
Cuando se detectan estas situaciones anómalas se contacta con el cliente, se anulan los contratos realizados y se abonan los importes satisfechos. Durante lo que va de año, el grupo energético en España ha abonado 183.000 euros a sus clientes, resultante de la energía consumida por contratos irregulares, tras detectar malas prácticas.