El consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, informó sobre los tres acuerdos que el Gobierno de La Rioja propone incluir para su debate y votación en el próximo Consejo de Administración de la Sociedad de Integración del Ferrocarril 2002 S.A.; y que pretenden mejorar el sistema de contratación de las obras y servicios del soterramiento en la ciudad de Logroño.
Burgos recordó que, con motivo de la adjudicación de la obra de la primera fase a Sacyr Vallehermoso, los consejeros del Gobierno de La Rioja en la Sociedad solicitaron el pasado 3 de noviembre de 2009 la convocatoria de un Consejo de Administración para que se informara sobre los pormenores de la adjudicación.
Para el consejero, “es lo mínimo que debe hacer ADIF, que es un mero instrumento de la sociedad, ni impulsa su actividad, ni financia la actuación que se hace a través de un crédito de la sociedad”. Dos meses después -ratificó el consejero- aún no se ha convocado el Consejo, incumpliendo el Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, como presidente de la sociedad, los Estatutos que establecen que el Consejo se debería haber convocado 15 días después de la solicitud.
Burgos dijo que hoy mismo se ha enviado una carta en la que se reitera la convocatoria del Consejo y la inclusión de dos puntos en el orden del día que pretenden favorecer a La Rioja en la ejecución de las obras de la primera fase, dado que no se le adjudicó a ninguna de las que se presentaron. Para ello se propone, por un lado, instar a Sacyr a subcontratar las obras, servicios y suministros a empresas riojanas y, por otro, a dar cuenta trimestralmente en la Comisión de Seguimiento de las Obras de todas las subcontratas indicando el nombre de la empresa subcontratista.
Además, se propone incluir un tercer punto con el objeto de mejorar la contratación de las fases siguientes, segunda y tercera: que sea la propia sociedad quien licite y adjudique los contratos, evidentemente previo informe de las ofertas por ADIF, como órgano técnico, y sin perjuicio de que la ejecución se realice bajo la dirección de técnicos del ADIF.
Con ello se pretende que quien paga las obras, que es la sociedad, no se quede al margen de las adjudicaciones; como se ha quedado en la primera fase, “ya que nos hemos enterado por el periódico de quien iba a ejecutar una obra que encima pagamos”, concluyó.