Tras las pasadas elecciones presidenciales celebradas en Ruanda el pasado 9 de agosto, de las cuales salió reelegido el presidente Paul Kagame por mayoría , la comunidad internacional mira hacia este país del África Central gracias a la demanda de la organización Amnistía Internacional (AI) .
Según dicha organización pro derechos humanos, el nuevo gobierno de Ruanda “debe revisar con urgencia las imprecisas leyes sobre ideología genocida y sectarismo que se están utilizando para suprimir la disidencia política y reprimir la libertad de expresión”.
AI ha publicado un nuevo informe sobre la situación que vive el país, titulado Safer to Stay Silent: The Chilling Effect of Rwanda’s Laws on ‘Genocide Ideology’ and ‘Sectarianism’ (Mejor guardar silencio: El terrible efecto de las leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” de Ruanda), donde expone cómo “la imprecisa redacción de estas leyes se utiliza indebidamente para criminalizar las críticas al gobierno y las actividades de disidencia legítima de políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas”.
“La ambigüedad de las leyes sobre ideología genocida y sectarismo hace que los ruandeses vivan con el temor de ser castigados por decir algo incorrecto”, ha dicho Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “La mayoría optan por la opción más segura: guardar silencio”.
“El gobierno ruandés debe emprender una importante reforma de estas leyes, expresar públicamente su compromiso con la libertad de expresión, revisar las condenas ya impuestas y proporcionar formación a la policía y a los fiscales sobre la manera de investigar las acusaciones”, afirma AI.
“Esperamos que el gobierno lleve a cabo una revisión significativa de las leyes sobre ideología genocida y sectarismo para que la libertad de expresión quede protegida tanto sobre el papel como en la práctica”, ha dicho Erwin van der Borght.
Amnistía Internacional halló que muchos ruandeses, incluso especialistas en la legislación del país, como abogados y activistas de derechos humanos, no eran capaces de definir con precisión el concepto de ideología genocida. Incluso los jueces, profesionales encargados de aplicar la ley, señalaron que ésta era amplia y abstracta.
Un hecho que refleja esta denuncia de AI es el producido en vísperas de las elecciones presidenciales, cuando dos candidatos de la oposición fueron detenidos y acusados, entre otras cosas, de ideología genocida
Además, según AI, en el ámbito local, los ciudadanos parecen estar utilizando la acusación de ideología genocida para resolver disputas personales.
Las leyes sobre ideología genocida y sectarismo fueron introducidas para limitar cualquier expresión que pudiera dar lugar a apología del odio durante el decenio posterior al genocidio de 1994, en el que murieron hasta 800.000 ruandeses, en su mayor parte tutsis, pero también hutus que se opusieron a los homicidios organizados. “La prohibición de la apología del odio es un objetivo legítimo, pero la forma que ha utilizado el gobierno ruandés para conseguirlo viola el derecho internacional”, afirma AI.