La Comisión Española de Ayuda al Refugiado [CEAR], Cáritas y la Red Acoge han denunciado este jueves que la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso de los Diputados y remitida al Senado “restringe derechos fundamentales” de los inmigrantes.
En un comunicado publicado por estas organizaciones, explicaron que si bien se ha conseguido “alguna mejora relevante” el texto incluye “importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes”. Estos grupos también han participado en la elaboración de la reforma aportando “decenas de enmiendas” a los grupos parlamentarios
Así, aseguran que imponer la obligación de que se aplique procedimiento de expulsión a las víctimas de violencia de género en situación irregular “desincentivará las denuncias” y critican la restricción “injusta” de la reagrupación de familiares en grado de ascendencia porque “perjudicará gravemente el proceso de integración social”.
Con respecto a las sanciones para quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular, las ONG señalan que “esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública en un momento de especial preocupación”.
En el apartado de las mejoras, destacan la posibilidad de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros [CIE], aunque lamentan que la ley haya mantenido la ampliación a 60 días del plazo máximo que pueden estar internados los extranjeros en estos centros.
Estas tres organizaciones mantendrán interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para “intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes”, según han señalado las entidades.
Ayer, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la ley de extranjería, que permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta.