El ex-ciclista profesional y ex-propietario del C.D. Logroñés, Juan Hortelano, ha ingresado en prisión después de que una jueza de Logroño lo pusiera en busca y captura por la incomparecencia a un juicio, por cuarta vez.
Según han confirmado fuentes judiciales, una vez emitida la orden, el empresario madrileño fue localizado e ingresó en prisión a la espera de comparecer ante la jueza que reclama su presencia en Logroño por un presunto delito de alzamiento de bienes por valor de unos 15.000 euros
Hortelano llegó al Club Deportivo Logroñés en 2002, a través de la empresa Viosoplan, cuando adquirió un acuerdo para hacerse cargo de las acciones que entonces tenían dos empresarios riojanos.
Para entonces el Logroñés militaba en Segunda B y ya estaba inmerso en graves problemas financieros por una deuda de más de doce millones de euros, principalmente con Hacienda y Seguridad Social.
Permaneció en el club hasta 2003, cuando lo cedió a José Luis Martín Berrocal, y regresó en 2005 para escribir la última etapa de la historia de este club, que desapareció en 2009 asolado por sus abultadas deudas.
Esas deudas que llevaron a la desaparición de este club, tras una historia que incluía una década en Primera división, fueron incrementadas, entre otros, por el propio Hortelano, que aseguraba entonces haber “prestado” cuatro millones de euros a la entidad.
El proceso judicial que le ha llevado a prisión está motivado por una reclamación económica de unos 15.000 euros que un representante de jugadores debía cobrar en 2004 por un fichaje.
La empresa Gesport Espizua SL facturó entonces al Club Deportivo Logroñés 33.500 euros, de los que 21.800 fueron abonados con un pagaré que se hizo efectivo; no así el segundo plazo, al que ahora se suman 3.500 euros por intereses y gastos.
Hortelano ha sido citado a juicio por el juzgado de lo penal número dos de Logroño en cuatro ocasiones y hasta ayer ha justificado su incomparecencia en problemas de salud y un cambio de domicilio.
Ahora el ex dirigente del Logroñés deberá esperar en prisión la nueva fecha del juicio en el que el fiscal solicita para él dos años de cárcel y una multa de dieciséis meses a doce euros diarios, alrededor de 5.800 euros