Los candidatos de IU- La Rioja a la Administración y los Ayuntamientos riojanos se comprometen a utilizar “los mecanismos democráticos necesarios para avanzar en la regeneración de la vida democrática y en la democratización de las instituciones y política, asegurando el más estricto comportamiento ético de sus representantes y cargos públicos”.
Por lo tanto, indican en nota de prensa, la organización defenderá “cuantas medidas sean necesarias (transparencia y participación en la toma de decisiones, mejora de los instrumentos de control del gasto público, etc) para erradicar la corrupción y otros hábitos perniciosos”.
En este sentido, IU-La Rioja considera “primordial” la adopción de las medidas necesarias para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos. Entre otras: Regulación más estricta de las incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, obligación de declarar los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, etc.
Otra de las actuaciones necesarias, que IU llevará a cabo en las instituciones riojanas será “la limitación en el número de asesores y de cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones”.
IU cree necesario “adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular, expresada a través de sus votos y democratizar el funcionamiento de estas instituciones, debe constituir otro objetivo importante de nuestras propuestas políticas.
Para ello, indican, “proponemos una serie de actuaciones centradas entre otras, en la reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, respecto a los votos totales recibidos y la presencia de las minorías en el Parlamento estatal y en los parlamentos autonómicos”.
En la reforma del sistema de elección de los órganos de gobierno de las instituciones en cuya determinación intervienen las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos a fin de evitar las cuotas de partido y su permanente politización.
Y en la reforma de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos (Iniciativa Legislativa Popular y Referendum) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados y factibles, para canalizar dicha participación.