El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha explicado que su departamento está pendiente de la “recomendación” de los servicios jurídicos, que analizan la sentencia del niño Adrián Tobías por su “complejidad” y su posible implicación en la planificación general educativa.
En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero ha analizado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en la que ha reconocido el derecho de Adrián Tobías a estudiar en el centro elegido por sus padres (Escolapias) y entiende que Educación no ha cumplido la sentencia del 14 de junio, que le reconocía el derecho a estudiar en un centro ordinario.
Adrián tiene epilepsia y hemiparesia y sus padres querían que siguiese estudiando en un centro ordinario y no en uno especial, como obligaba Educación. En junio una sentencia les dio la razón y pudieron matricular a Adrián en un centro ordinario. Los padres optaron por Escolapias, donde había estudiado el anterior curso dos días a la semana (el resto acudía al centro de Educación Especial Los Ángeles). Educación rechazó esta solicitud y Adrián empezó el curso en otro centro. Ahora, una nueva sentencia reconoce su derecho a estudiar en Escolapias.
Galiana ha explicado que “la postura de la Consejería fue de cumplimiento estricto de la sentencia, que no determinaba en qué centro” debía estudiar el menor.Así lo reconoce el juez en su auto, sin embargo, afirma que “aunque se concluya que la Administración no ha tenido intención de eludir el cumplimiento de la sentencia”, no se ha cumplido el fallo “al no haber tenido en cuenta la situación personal del alumno”.
“Es evidente”, dice la sentencia, “que en la integración en el sistema educativo son importantes las relaciones que pueda mantener el menor con los restantes alumnos” y la resolución administrativa de Educación, que acuerda la escolarización en otro centro, “no desciende al caso concreto del alumno”.
Con la sentencia en la mano, Galiana ha detallado que “tiene su complejidad” y, por eso, “se va a analizar”, con el objetivo de hacer “lo posible para satisfacer” la petición de los padres de Adrián “sin que eso vaya en perjuicio de la planificación general de los recursos educativos”.
Y es que, considera, “si la totalidad de los padres ejercen a rajatabla esa particularización se haría enormemente difícil la planificación general, sobre todo en ámbitos tan delicados como la atención a la diversidad, que requieren unos recursos que no tienen todos los centros”.
Por eso, ha aprovechado para “hacer un llamamiento a la prudencia para analizar jurídicamente la sentencia, no sólo por el caso particular, sino por las consecuencias generales que puede tener”.
El consejero, que insiste en que “siempre se ha buscado el interés del menor”, también ha aportado que, en septiembre, cuando se asignó plaza a Adrián “no había ninguna disponible en Escolapias”, pero esto ha cambiado y ahora sí hay una plaza disponible.
Entonces, ¿va a estudiar Adrián en Escolapias como dicta la sentencia y como piden los padres? El consejero ha afirmado que “la decisión tiene que estar sometida a lo que nos digan los servicios jurídicos”.