La abogada defensora del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas a los acusados en el caso 'Malaya', “por falta absoluta de motivación y por haberse obtenido con violación de los derechos fundamentales”.
Inicialmente, la letrada Rocío Amigo solicitó la suspensión al no haber llegado determinados expedientes urbanísticos sobre convenios y licencias que se mencionan en los escritos de acusación, hechos que, según dijo, ya han sido enjuiciados o están siendo investigados. El Tribunal rechazó esta petición.
La letrada argumentó que lo único que la Policía ofreció al juez para intervenir teléfonos de Roca es “la manida” declaración de un funcionario del Consistorio Jorge González, en la que hablaba del poder del ex asesor en el urbanismo marbellí y en la corporación municipal. Así, negó que de esa declaración se desprendan hechos delictivos.
Amigo consideró que ha habido una “investigación prospectiva” y estimó que las escuchas se adoptan “como medida principal” de la investigación, además de que “no se espera a que haya pruebas que confirmen que la declaración del funcionario pudiera ser cierta”, por lo que insistió en la falta de los requisitos para acordar las intervenciones.
Asimismo, estimó que la Policía “mintió” respecto a los procedimientos pendientes de otros acusados en relación a Roca “y el juez-- Miguel Ángel Torres-- no quiso comprobar si lo que se decía era cierto o no”. En este sentido, criticó que las manifestaciones de la Policía “el juez las toma como auto de fe”.
La letrada instó a la Sala a que se manifieste sobre esta cuestión previa antes de comenzar la fase de declaraciones. Por otro lado, la abogada Yolanda Terciado, codefensa de Roca, ha pedido la nulidad de los registros practicados en distintas sociedades, entre ellas Maras Asesores y Planeamiento 2000 por vulneración de derechos fundamentales de su cliente, ya que éste no estuvo presente.