La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado la prohibición del homenaje a la colaboradora etarra Laura Riera que está convocado para el próximo sábado en el barrio barcelonés de Gràcia, al considerar que su única finalidad es “la justificación de las acciones delictivas desarrolladas en nombre de ETA y la adulación pública de quienes las cometen, animando a su mantenimiento”.
Así consta en un escrito presentado por el fiscal Marcelo de Azcárraga en el que solicita al juez Pablo Ruz, que se encuentra de guardia esta semana, que ordene a las Fuerzas de Seguridad la prohibición del acto por constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
El fiscal, que considera el acto “una excusa para la ejecución de las directrices marcadas por la banda terrorista ETA”, destaca que los informes policiales recabados ponen de manifiesto que Riera fue condenada en mayo de 2004 a nueve años de cárcel por colaborar con el 'comando Barcelona'. Este grupo actuó en Cataluña entre 2000 y 2001 llevando a cabo atentados como el que acabó con la vida del ex ministro socialista Ernest Lluch.
Además, indica que “aprovechando tal coyuntura”, los convocantes pretenden “rendir homenaje” a las también etarras Dolores López Resina, 'Lola', y Marina Bernardó Bonada, que cumplen actualmente condena en Francia por su pertenencia a la organización terrorista.
CONVOCATORIA “SUBREPTICIA”
En relación con los grupos que han impulsado la celebración de este acto, que coincide con la salida de la cárcel de Riera, el fiscal señala que al menos dos de ellos (Rescat y SAT) “se originan a raíz de la desarticulación y detención en Cataluña de 'comandos' e individuos integrados en ETA”. También pone de relieve que estos colectivos pretenden “denunciar” que los etarras son “presos políticos”, lo que, a su juicio, “ya de por sí constituye un menosprecio a las víctimas directas o indirectas de sus acciones delictivas”.
“El ensalzamiento de una persona cuyo único acto meritorio destacable y reconocible por tales colectivos es el de su pertenencia a una organización terrorista significa, de hecho, que está mostrando públicamente su acuerdo con la llamada 'lucha armada' que la misma desarrolla, justificándola y despreciando y humillando a los que son perjudicados con la misma”, dice el escrito.
Como ejemplo, señala que uno de los carteles que estos grupos han colocado en el barrio de Gràcia “de forma subrepticia y tratando en lo posible de eludir cualquier tipo de control” dice literalmente: “Laura saldrá de la cárcel, pero las causas que la llevaron a luchar y a sufrir el encarcelamiento continúan vigentes”.
A juicio del fiscal, tanto Rescat como SAT son “agrupaciones de individuos que no están dadas de alta oficialmente en registro alguno”, por lo que están efectuando la convocatoria de este acto “a través de internet y por medio de cartelería, sin comunicación oficial alguna, ni aparición de persona que se erija en organizadora o coordinadora de los mismos”. De esta forma, ponen de relieve “su carácter oficioso” y su “deseo de impedir su identificación al objeto de eludir las previsibles responsabilidades penales” que podrían derivarse de la convocatoria.
Tras recordar que la dirección de la banda ordena la justificación de sus crímenes y el ensalzamiento de quienes los cometen, Azcárraga expone como último argumento que en años precedentes las consignas proferidas y exhibidas en actos simiulares han defendido la condición de “preso político” del etarra que cumple condena y el “ensalzamiento del condenado por el solo hecho de su participación en una acción terrorista”.
Además, la Fiscalía se opone en su escrito a la personación en esta causa de la Asocaición Catala de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), al considerar que para obtener la condición de acusación popular debe presentar la correspondiente querella, tal y como hizo la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
DECIDIRÁ EL JUEZ RUZ
La Fiscalía abrió el pasado lunes diligencias informativas con vistas a pedir la prohibición del acto, aunque posteriormente las archivó al tener constancia de que ese mismo día el juez Ruz abrió un procedimiento a instancias de DyJ y solicitó al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra que le facilitaran los datos que tuvieran sobre los autores de la convocatoria y las características del homenaje.
El acto, que está organizado por la Coordinadora de Fiestas Populares (CFP), tiene previsto celebrarse en la plaza Raspall de Barcelona y forma parte del programa alternativo a las fiestas de Gràcia, según consta en la Programación de la Fiesta Mayor de 2010 de la Comissió de Festes Populars.
Sus impulsores pretenden llevar a cabo un acto de bienvenida a Riera y celebrar a continuación una marcha de antorchas por la libertad de las presas etarras Lola López y Marina Bernadó. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que cada año autorizan a la Coordinadora a realizar una serie de actividades dentro de las fiestas de Gràcia, en diferentes espacios aunque no tienen constancia de este acto y en ningún caso lo han autorizado.
Riera, vinculada al movimiento 'okupa', trabajaba como auxiliar administrativo interina en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona), y tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Valiéndose de claves de sus compañeros de trabajo, facilitó al 'comando Barcelona' matrículas de vehículos de fuerzas de seguridad, así como la del coche del concejal del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado por ETA el 14 de diciembre de 2000.