La violencia prácticamente constante que vive México parece haber despertado la preocupación de la comunidad internacional. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay, ha instado a las autoridades del país a investigar la muerte de 72 inmigrantes latinoamericanos que fueron hallados el pasado mes de agosto en una narcofosa de un rancho del estado de Tamaulipas, en el este del país.
La conocida como masacre de Tamaulipas produjo la condena de la mayor parte de los países de América Latina, de donde procedían los inmigrantes que se dirigían a Estados Unidos.
“Exigimos que se haga una investigación expedita e inmediata [...] que se lleve ante la Justicia a los responsables”, dijo Pillay durante la inauguración del IV Foro Mundial Sobre Migración y Desarrollo, que se celebra estos días en Puerto Vallarta (oeste).
Según relataron los tres únicos supervivientes de la masacre, el camión en el que viajaban los inmigrantes para cruzar la frontera hacia Estados Unidos fue interceptado por miembros del cártel de Los Zetas, que les exigieron un pago a cambio de permitirles reanudar el viaje. Ante la falta de dinero de los migrantes, los narcotraficantes decidieron fusilarles y enterrarles en una fosa de San Fernando.
“La masacre de Tamaulipas no es más que un claro ejemplo de lo que está pasando en las fronteras de todo el mundo”, indicó la diplomática, quien ofreció al presidente mexicano, Felipe Calderón, la ayuda del organismo internacional para erradicar a las mafias de tráfico de personas, con el mismo énfasis que se pone en la solución de otros problemas derivados de la inmigración iregular.
“Hay mucha energía para controlar el tránsito de personas pero no vemos el mismo nivel de energía para controlar el tráfico de personas y el tráfico de armas que es un problema en México”, señaló Pillay, al tiempo que apuntó a la necesidad de diseñar políticas globales de protección al migrante.
“Tenemos que incluir elementos de equilibrio y tener alianzas para proteger a los migrantes que están en tránsito, que se ponga más atención para los migrantes que no sólo son vulnerables sino son maltratados y están sufriendo la violencia”, agregó.
La posible disolución de un cártel
Por otro lado, otro de los grupos de narcotraficantes que operan en México podría estar cerca de desaparecer. El cártel de La Familia Michoacana ha manifestado al gobierno mexicano su intención de negociar su disolución definitiva con el objetivo de que los habitantes de Michoacán, en el oeste del país, dejen de sufrir los abusos policiales que se cometen bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
El anuncio se hizo público a través de unas mantas que aparecieron colgadas en las principales ciudades de dicho estado, método utilizado con frecuencia por este cártel para divulgar sus comunicados. En ellas podía leerse la oferta de su disolución a cambio de que las autoridades “tomen el control del Estado con fortaleza y decisión y garanticen la seguridad ciudadana”.
“Si el gobierno acepta este compromiso público y lo cumple, La Familia Michoacana se disolverá para no seguir siendo la bandera con la que autoridades federales sigan atropellando los Derechos Humanos de los michoacanos”, recogen los mensajes.
Ésta no es la primera vez que La Familia ofrece su rendición.
En julio de 2009 el líder de la banda, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se puso en contacto con el periodista de CB Televisión Marcos Knnap para que transmitiera su propuesta a las autoridades, según informó el diario Milenio.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el cártel porque “su obligación es hacer cumplir la ley en todos los aspectos”. “La PGR no puede pactar con la delincuencia y menos con la delincuencia organizada”, dijo el portavoz del organismo, Ricardo Nájera Herrera.
En la misma línea, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, indicó que una eventual negociación con La Familia “implicaría no perseguir a quien infringe la ley”, por lo que apuntó que el gobierno Federal da a este comunicado la credibilidad que corresponde a un grupo criminal.
Fox apunta a EEUU como responsable de la violencia
Mientras tanto, el que fuera presidente de México, Vicente Fox, no ha dudado en acusar a Estados Unidos de “provocar” la ola de violencia que se ha desatado en México, por ser el principal consumidor de drogas y, a su vez, el responsable del suministro de armas a los grupos de narcotraficantes que mantienen una “guerra fratricida”, que se ha cobrado la vida de más de 28.000 personas en casi cuatro años.
Fox considera que “es Estados Unidos y ese consumo fenomenal de droga lo que ha llevado a México a encontrarse con ese problema” de la violencia de los cárteles en varios estados del país.
Para el ex presidente, en la opinión pública ha surgido una “confusión” al aseverar que se trata de un asunto que debe solventar México porque los hechos tienen lugar en su territorio, cuando “en realidad es un problema de Estados Unidos y es un problema de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia que son los que producen drogas”.
“Es una violencia que provoca Estados Unidos, que tiran la piedra y esconden la mano [...] y a México le toca estar en medio de los productores y el consumidor”, dijo el ex mandatario en una rueda de prensa en Madrid que ofreció antes de dictar la conferencia El futuro de México: retos y oportunidades para la clase política.