La organización pro derechos humanos, Amnistía Internacional , analiza en su último informe España: Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación de Extranjería, la realidad de los derechos humanos de los inmigrantes en España.
Con esta publicación la organización quiere también denunciar la oportunidad que ha perdido la legislación española de ajustarse a “los estándares internacionales de derechos humanos”, en estos momentos en los que se está tramitando la reforma de la Ley de Extranjería.
“Toda iniciativa de reforma legislativa debería ser plenamente coherente con los tratados internacionales de derechos humanos comprometidos por España. Sin embargo, este proyecto de ley sigue teniendo un enfoque más centrado en la seguridad nacional y el rendimiento económico que en la aproximación a los inmigrantes como personas que también son titulares de derechos humanos y a las que el Estado debe garantizar su protección”, afirma Esteban Beltrán, director de la organización en España.
Para Amnistía Internacional, “no tener papeles es una irregularidad de carácter administrativo que, en ningún caso, debe anteponerse a las vulneraciones de derechos humanos que puedan sufrir las personas migrantes”.
“La organización lamenta que esta reforma, por el momento, no muestre un giro significativo en el recorte en derechos humanos
de las políticas de inmigración impulsadas por la Unión Europea en los últimos años; máxime cuando España deberá afrontar durante su próxima presidencia de la UE el desarrollo del programa de Estocolmo, que es una oportunidad de modificar la relación hasta ahora existente entre las políticas de seguridad e inmigración y asilo en el ámbito europeo“, asegura el director de la asociación en España.
Los aspectos más criticados por Amnistía Internacional al respecto de esta ley son: la criminalización de los inmigrantes irregulares; la falta de garantías suficientes para los inmigrantes menores no acompañados; la desprotección hacia las mujeres inmigrantes víctimas, a su vez, de la violencia de género y la trata; y las limitaciones que los inmigrantes tienen en España para tener acceso a la Educación, a la Sanidad o a la Vivienda.