Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+- han exigido este jueves al equipo de Gobierno Local que las Unidades de Urbanismo y la Asesoría Jurídica elaboren sendos informes técnicos y jurídicos sobre la legalidad del convenio para el desarrollo urbanístico del solar del antiguo colegio Maristas.
Así lo han corroborado en rueda de prensa conjunta los portavoces de los cuatro grupos, que también han coincidido en afirma su voluntad de que “se construya cuanto antes” en este espacio del centro de la ciudad, especificando, eso sí, que este desarrollo debe hacerse siempre “con todas las garantías”.
Como ha señalado la portavoz del PSOE Beatriz Arraiz, las explicaciones que ayer ofreció el concejal de Desarrollo Urbano Pedro Sáez Rojo “no despejaron las dudas al respecto, porque no acabó de justificar ni legal ni técnicamente que la operación no supone un aumento en la densidad de población de la zona”, algo contrario a los que viene dictado en la LOTUR.
En este sentido, ha afirmado que “nadie ha encontrado en la norma la justificación que Sáez Rojo dio ayer sobre la densidad de población” y, con respecto a la soberanía del pleno municipal para aprobar modificaciones puntuales del PGM, ha recordado que “para eso, es obligatorio, aunque no vinculante, un informe de la COTUR, y, si es negativo, ¿quién iba a votar a favor de la modificación?”.
Ha considerado que “el paso de 1.320 metros cuadrados del actual polideportivo, con uso complementario a vivienda a residencial” supone la construcción de unas diez viviendas más “con lo que sí se produciría el incremento en la densidad”.
De este modo, “y ante una duda más que razonable, pedimos que el convenio, en fase de alegaciones hasta el 3 de marzo, se suspenda de momento, y, si se quiere seguir, que se cuente con todas las garantías técnicas y jurídicas, despejando cualquier duda sobre su legalidad”.
Como ha recordado el portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, su formación “puso pegas desde el principio al proyecto, pero ahora, con las lagunas y las interpretaciones que hay, que incluso lo dice el Gobierno de La Rioja, tenemos aún más dudas”. “O se revisa el PGM o se modifica la LOTUR, no hay más salida. Estamos asistiendo ahora a algo que no se ajusta a la ley”, ha apuntado.
Se ha preguntado si, en este caso, se da “prepotencia o ignorancia” por parte del PP y ha lamentado que “estemos en todo caso ante la enésima negligencia del equipo de Gobierno municipal”. Por eso, ha afirmado que “esto no va a ser Villamediana 2” y ha emplazado al PP “a replantearse su seriedad a la hora de hacer las cosas, que dialoguen y se abran a posibles soluciones ante un problema que ellos mismos han creado”.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz Julián San Martín ha criticado que “de pronto, un día nos desayunamos con que el convenio para Maristas puede ser nulo de pleno derecho porque incumple la LOTUR, que determina que no se puede incrementar la densidad de población”, ante lo que ha exigido al equipo de Gobierno “los informes oportunos para saber si el convenio es legal o no”.
“Esto es consecuencia, al final, de no haber hecho los deberes, por no haber modificado el PGM”, ha lamentado San Martín, quien ha apuntado que hace tres semanas, la oposición mantuvo una reunión con técnicos municipales sobre este tema “y de once preguntas que les hicimos dese Cs, solo nos contestaron dos”, por lo que ha justificado haber buscado opiniones fuera de las municipales.
Ha advertido, incluso que “puede haber un conflicto de intereses con el Gobierno de La Rioja, por no cumplir con la LOTUR y aprobar algo ilegal”. “Casi no sabemos nada del proyecto, es dar un cheque en blanco. Pero, con alegaciones conjuntas e individuales que vamos a presentar en este periodo de exposición pública, lo que buscamos es mejorar el convenio”, ha afirmado.
Por último, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas ha considerado que “es bueno que haya un acuerdo entre la propiedad y el Ayuntamiento, pero con todas las garantías jurídicas necesarias”, por lo que ha lamentado “la situación en la que nos coloca el concejal Sáez Rojo, que ha dado explicaciones vacías de contenido, sin sustento en informes técnicos y que nos dejan en una indefensión jurídica que afecta sobre todo a los vecinos”.
“El concejal de Urbanismo no ha hecho su trabajo en seis años, que era modificar el PGM, una desidia que acaba generando este tipo de problemas. No queremos tirar abajo el convenio, pero nos genera dudas que requieren una respuesta, a poder ser antes de que acabe el periodo de alegaciones”, ha finalizado Antoñanzas, que ha sugerido también la existencia de “una pelea cada vez más manifiesta entre Gobierno regional y Ayuntamiento de Logroño, que pagamos los logroñeses”.