Con esta póliza, 3.610 docentes y 514 funcionarios, que trabajan en centros de Servicios Sociales, verán reforzada su protección ante cualquier problema legal que pueda surgir durante el desarrollo de su trabajo. El servicio, que cubre tanto el ámbito civil como penal, supone un gasto de 59.000 euros al año para el Gobierno regional.
El seguro cubre el pago de tasas, costas y otros gastos a los que tenga que hacer frente el asegurado así como su asistencia en juicios, siempre y cuando sea un proceso iniciado por terceros. Es decir, se excluye cualquier problema que tenga lugar en las relaciones internas laborales.
El Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar, ha afirmado que este acuerdo va destinado a “dos colectivos de riesgo en el ámbito jurídico”. Además, significa la puesta en marcha “de una de las novedades recogidas en el Acuerdo/Convenio 2008/2011”.
Desde Legalitas , su Presidente, Alfonso Carrasco, ha asegurado que “los abogados son expertos en estas materias” y conocen a fondo los protocolos de actuación ante cualquier problema en dichos ámbitos. También ha insistido en que lo más importante es ese servicio que ofrecen de “abogacía preventiva”, los abogados estarán ahí para resolver cualquier duda. “Lo más importante es prevenir”. El teléfono puesto a disposición de los empleados públicos funcionará todos los días del año durante las 24 horas.
La aseguradora atiende en todo España un millón de expedientes jurídicos al año. De cada cien sólo un 2% termina en juicio.