El Fiscal solicita una pena de dos años y seis meses de prisión así como una indemnización de 99.000 euros para el administrador único de una promotora acusado de un delito de estafa al acordar con una familia la entrega de una vivienda, garaje y trastero libres de cargas en contraprestación a cambio de una finca rústica. El acusado no cumplió su parte del trato.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2008, cuando el acusado, F.G.J. (administrador único de una mercantil) se interesó en llevar a cabo la construcción de unas viviendas en Cenicero (La Rioja). Para ello contactó con una familia que poseía un solar en una finca rústica del paraje 'La Majadilla', terreno colindante con una propiedad de la propia promotora.
Tras un acuerdo en forma de escritura pública, el acusado se comprometía como contraprestación a recibir dicha finca, entregarles una vivienda valorada en 87.000 euros, plaza de garaje y trastero en Cenicero. Una permuta global que asciende a la cantidad de 99.000 euros.
LIBRE DE CARGAS
La obligación, además, era entregar el piso, garaje y trastero, libres de cargas. Ante ello, la familia “con el fin de garantizarse el buen fin de la operación, exigió al acusado la suscripción de un aval o seguro que diera cobertura a la misma” y al ver que el día fijado para firmar la escritura notarial “no se había suscrito la garantía por el acusado”, impusieron una cláusula nueva que decía que la operación “estaba garantizada por aval bancario, si bien en este momento se encuentra en tramitación, el cual se deberá entregar en el plazo máximo de seis meses”.
Lo cierto -relata el escrito del Fiscal- es que “a pesar de dicha cláusula, ni antes ni después de la firma de la escritura el acusado pensó en llevar a cabo su compromiso ni tramitó nada al respecto. Haciendo creer maliciosamente a la contraparte la realidad y seguridad de una operación que carecía de cualquier aval”.
El acusado, finalmente, y al igual que hizo con las otras viviendas de la promoción, hipotecó dichas estancias que se había comprometido a entregar libre de cargas, obteniendo por ello 101.200 euros que no han sido abonados ni cancelados.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por lo que procede imponer al acusado la pena de dos años y seis meses de prisión. Además solicita una indemnización de 99.000 euros más intereses.