El Ayuntamiento de Logroño estará obligado a responder en un mes a las peticiones ciudadanas de información, tal como prevé la Ordenanza de Transparencia, que entrará en vigor en el primer trimestre de 2015. Una nueva normativa “pionera” en un Consistorio, y que introduce “más control” en el uso de la información, con sanciones de hasta 3.000 euros para empresas que utilicen mal datos reutilizados o hasta la destitución, en el caso de altos cargos por prácticas de mal gobierno.
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha dado a conocer todos los detalles de “uno de los proyectos más importantes que se abordarán en este mandato, por ser el instrumento para ”la transformación de la administración que los ciudadanos nos están demandando, la apertura a la sociedad, las bases del Buen Gobierno“.
La norma, derivada de la obligatoria adaptación de la legislación nacional aprobada a finales de 2013, “tendrá por objeto garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de Logroño, así como el libre acceso a su información pública y la reutilización de la misma, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos”.
Regirá la información que los ciudadanos recibirán de su Ayuntamiento, en cuatro bloques. En primer lugar, la 'publicidad activa', la que la administración ofrece al ciudadano por considerarla relevante, que se podrá consultar tanto en el actual Portal de la Transparencia como en el futuro 'open data', que estará en la web municipal.
Habrá seis bloques de información: la institución y su organización; normativa, con todos los autos y sentencias; contratación, con novedades como todo lo relacionado con los contratos, sus modificaciones, un listado semestral de los contratos de más de 18.000 euros; o los convenios suscritos por más de 3.000 euros; económico-financiera; servicios, con el coste de todos los servicios públicos; y medioambiental y urbanística.
En cuanto a la 'publicidad pasiva o reactiva', la que solicitan los ciudadanos, “es un avance importante -ha destacado Gamarra- porque se regula el procedimiento por el que un ciudadano requiere y debe obtener la información que la administración posee”, fijando para ello un plazo máximo de un mes. Si la respuesta se demora, deberá justificarse, y si se deniega la información “deberá ser motivada”.
La obtención de esta información conllevará “otro derecho con aún más beneficios prácticos para el ciudadano”, como ha explicado la alcaldesa- y es la posibilidad de “su reutilización, fundamentalmente a efectos de la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y, sobre todo, económico”.
Así, por ejemplo, cualquier persona podrá disponer de datos estratégicos para la puesta en marcha de un negocio o para cualquier decisión de índole empresarial, “como datos estadísticos, de calidad del aire o del agua o de tráfico, por ejemplo”. Eso sí, la norma también plantea sanciones por el mal uso de esta información -gratuita, aunque habrá una tasa para posibles gastos-, con multas que pueden ir de 750 a 3.000 euros.
“Rendición de cuentas”
El articulado de la Ordenanza incluirá además un apartado dirigido al objetivo de Buen Gobierno, “en el que se regularán las obligaciones de los concejales y cargos públicos en lo relativo a transparencia y rendición de cuentas de su gestión ante los ciudadanos”.
En concreto, los cargos electos y el personal eventual deberán adecuar su actuación a seis principios éticos: Responsabilidad -plena dedicación, respeto a la normativa de incompatibilidades y asunción de las responsabilidades derivadas de las decisiones tomadas-; Buena fe y diligencia debida -fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos-.
También, como ha resaltado la alcaldesa, Igualdad -ejercicio del cargo sin incurrir en discriminaciones-; Imparcialidad -sin valerse de su posición para obtener ventajas personales o materiales; Austeridad -velando por que los recursos públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva- y Transparencia -relativo a la rendición de cuentas de la gestión, para lo que se requiere un elevado nievel de accesibilidad a la información-.
La separación de estos principios conllevaría sanciones que podrían alcanzar no sólo la destitución sino la inhabilitación para el desempeño de cargo público por un periodo de entre cinco y diez años, tal como prevé la legisltación nacional.
Tramitación
Gamarra ha apuntado que “tras varios meses de trabajo interno intenso, el borrador de la Ordenanza estará a partir del lunes abierta a la recepción de sugerencias que pueden llegar a través del Consejo Social y otros órganos de participación, de los grupos políticos y de cualquier vecino que podrá acceder a ella a través de la web municipal”.
Posteriormente, en un mes podrá ser sometida a aprobación inicial en el pleno de octubre. Una vez ejecutada esta aprobación inical, se abrirá un nuevo plazo de alegaciones, de modo que, como ha recalcado la primera edil, “la previsión es que la aprobación definitiva pueda estar en el primer trimestre de 2015”.
“La Ordenanza de Logroño va a ser de las primeras de España en aprobarse, con la ya en marcha de Zaragoza, después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia a finales del pasado año. Entrará en vigor 15 días después de su publicación en el BOR e irá implantándose paulatinamente en todas las áreas municipales”, ha dicho la alcaldesa, que ha señalado que el 10 de diciembre de 2015 su implantación será total.
En paralelo, el Ayuntamiento tiene previsto desarrollar diversas acciones de formación, sensibilización y difusión tanto para el personal municipal como para los ciudadanos. El sistema por el que se opta marca que cada Unidad sea responsable de la información que maneja, entrega o publica, “porque la trasparencia afecta a todo el quehacer de la Administración Municipal, suponiendo un cambio en la cultura administrativa”.
Como ha concluido la alcaldesa, “estamos transformando radicalmente la administración pública, una línea en la que ya se comenzó a trabajar desde el inicio del mandato, y en la que se han cosechado siempre muy buenos marcadores; acabando con un concepto muy arraigado y ya obsoleto de la administración para construir un gobierno moderno abierto que responde a lo que los ciudadanos nos están demandando”.