La concejala del PSOE María Marrodán ha informado del “grave”, a su juicio, informe jurídico de la intervención general que, a su juicio, destapa “irregularidades” en los convenios de Servicios Sociales entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño.
Marrodán se ha referido en rueda de prensa al convenio con el que el Gobierno de La Rioja aporta financiación al Ayuntamiento de Logroño para que ejecute actividades, en materia de servicios sociales, que son competencia del Gobierno.
En el informe, trasladado por Marrodán, la intervención señala que se ha visto en la “obligación” de formular “nota de reparo” por la falta de memoria “que justifique su repercusión, el cumplimiento de las exigencias de estabilidad y su necesidad y oportunidad”.
Añade que “debe buscarse la fórmula jurídica, incluida la reclamación ante los Tribunales, que permita superar esta dinámica que impone el Ayuntamiento, la realización de una competencia dudosa sin la financiación simultánea de la misma y que impone a los ciudadanos logroñeses una obligación superior frente al resto de ciudadanos riojanos”.
Para la concejala socialista, esto demuestra la “incapacidad de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, para lograr financiación” que se destina a Servicios Sociales. En concreto, ha dicho, en este caso a ayudas a domicilio y evitar los cortes de luz y gas.
Ha denunciado que “el Ayuntamiento de Logroño le está haciendo el trabajo al Gobierno de La Rioja y no lo está ingresando”.
Así, ha señalado que el convenio se paga “tarde, poco y mal” porque se ha llegado a recibir el 20 de diciembre de 2017 lo correspondiente al año 2015; “y esto supone que el Ayuntamiento ha tenido que adelantar cerca de tres millones de euros”, ha añadido.
A esto ha sumado la “falta de concreción del dinero” porque “nadie determina cuanto se invierte”. Por tanto, ha pedido que el informe “se eleve al Gobierno de La Rioja”.
Ha destacado que, tal y como refleja el interventor municipal, se suscriben convenios entre ambas administraciones que afectan a proyectos ya realizados y gastos efectuados y abonados por el Ayuntamiento de Logroño con anterioridad.
Por ello, Marrodán ha criticado que “esta situación de extemporaneidad conlleva que el propio Interventor insista en que ante la gravedad de la situación y para así impedir que sufran las arcas municipales, el Ayuntamiento puede acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno regional que pague en tiempo el Convenio de Sociales”.
“La incapacidad mantenida por la alcaldesa del PP, Cuca Gamarra, de reclamar ante el Gobierno de La Rioja una compensación adecuada y en tiempo para no perjudicar a los intereses económicos de los logroñeses ha quedado corroborada en el informe de Intervención municipal, que incluso invita a reclamar vía judicial este grave perjuicio a las arcas municipales al firmarse los convenios de forma extemporánea y sin una concreción adecuada”, ha declarado.
Marrodán ha sugerido que “si la Comisión Técnica de Asuntos Sociales, incluida en el Consejo de Capitalidad, no avanza en la concreción de las competencias impropias que asume el Ayuntamiento y la adecuada financiación, el PSOE propone que sea el propio Consistorio logroñés quien lo haga y defienda de una vez los intereses económicos de los logroñeses”.
El PP asegura que ha recibido todos los fondos del Gobierno regional
El Grupo Municipal Popular ha contestado al PSOE, asegurando que el convenio que el Gobierno Regional y el Ayuntamiento tienen establecido en materia de Servicios Sociales ha incrementado su cuantía en cerca de un 50 por ciento desde 2011, último año de gobierno socialista en el Consistorio logroñés. En concreto -tal como se indica en el informe de Intervención- ha pasado de 881.584,52 euros a 1.329.080,37 euros.
Defienden que todas las anualidades han sido además abonadas, a fecha de 31 de diciembre de 2017, estando cubiertos todos los compromisos económicos que el Gobierno de La Rioja tenía establecidos en virtud de este acuerdo. Las críticas socialistas son, a su juicio, “totalmente infundadas”.
El informe de la Intervención alerta sobre los retrasos que se han producido en alguna ocasión al recibir la trasferencia económica, pero estableciendo una “nota de reparos” y en ningún caso con “efectos suspensivos” como bien claro queda indicado.