Tras conocer la nueva convocatoria de ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión para evitar el corte de suministro de energía eléctrica, el Grupo Municipal Socialista critica que el Partido Popular de nuevo este año “ha establecido unos requisitos restrictivos para los solicitantes, con lo que en este ejercicio previsiblemente la ejecución de lo presupuestado no aumentará sustancialmente con respecto a 2014”. El PSOE recuerda que el año pasado el Gobierno local del PP concedió 12.600 de los 45.000 euros que disponía para estas ayudas, por lo que sólo ejecutó el 28,09 por ciento del presupuesto para evitar la pobreza energética.
De nuevo en esta convocatoria, la alcaldesa, Cuca Gamarra, se ha limitado a aplicar en Logroño la Orden diseñada por la Comunidad Autónoma para los municipios riojanos, sin realizar un esfuerzo añadido como Ayuntamiento para dar una respuesta efectiva a las familias que carecen de recursos suficientes para poder afrontar las facturas de luz y gas.
La propia concejal del PP Paloma Corres reconocía en el Pleno municipal del 29 de diciembre de 2014, en el debate que se estableció tras la presentación por parte del PSOE de una moción para la creación del bono energético, que “los requisitos de la convocatoria del año pasado habían sido especialmente restrictivos y ello había conllevado que no se gastara el total del dinero recibido por el Ayuntamiento de Logroño”.
Sin embargo, “a pesar de asumir y reconocer las dificultades que tuvieron los logroñeses afectados por la pobreza energética para acceder a estas ayudas, el Gobierno local del PP ha carecido en esta convocatoria de ambición y vuelve a responder con tibieza ante una situación socioeconómica grave y excepcional que se empeñan en obviar negándose a plantear medidas que den respuesta a las necesidades reales de los logroñeses”.
Asimismo, el PSOE critica que tanto el Gobierno regional como el local del PP presuman de aumentar la cuantía que dispondrá el Ayuntamiento de Logroño para estas ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión para evitar el corte de la energía eléctrica y el gas, pasando de 45.000 euros en 2014 a 148.637 euros este año, pero no modifiquen apenas los restrictivos criterios de acceso a estas ayudas, a pesar de conocer la poca efectividad que tuvieron en 2014 al gastar apenas el 28,09 por ciento de lo presupuestado porque los solicitantes no cumplían con los estrictos requisitos establecidos.
Aclara que “es positivo que en esta convocatoria se haya exonerado a los beneficiarios del requisito de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones económicas con la Administración Local y, además, se permite que no sea el titular del recibo de la luz y el gas, si acredita que es el arrendador de la vivienda, quien reciba la ayuda”.
Cambios insuficientes
Pero para el PSOE, estos cambios “no son suficientes porque el Partido Popular continúa exigiendo que el solicitante de la ayuda no pueda pedirla hasta que se haya producido el impago de la factura y haya recibido el aviso de corte del suministro energético si no hace frente a esta deuda”. Con este requisito restrictivo, el Partido Popular “sólo atiende a las situaciones que son extremas, en lugar de introducir la realización de una valoración previa sobre la posibilidad económica de una familia para afrontar el coste habitual de las facturas energéticas según sus ingresos”.
Por todo ello, el Partido Socialista critica que Cuca Gamarra pretende cubrir las necesidades de los logroñeses con ayudas de emergencia social, pero le recuerda que este tipo de ayudas tienen otra naturaleza al concederse de manera puntual y excepcional, un simple parche que es necesario cuando no se generan respuestas eficaces y contundentes desde una Administración Local.
De esta forma, los socialistas insisten en que el PP ni puede ni debe limitarse a establecer medidas puntuales para solucionar los problemas de la ciudadanía. Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al Partido Popular que se encuentra al frente del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno regional a que diseñe y establezca políticas y acciones de alcance para garantizar los derechos sociales, como es el caso del derecho a una vivienda digna, lo que lleva implícito que cuente con unas condiciones de temperatura e iluminación adecuadas, sobre todo para aquellas familias que no pueden hacerlo por sí mismas al encontrarse en un situación de pobreza energética.