El diputado regional del PR+ Rubén Gil Trincado advirtió de que el Ministerio de Fomento no prevé pagar las obras del soterramiento del ferrocarril a su paso por Logroño, porque, en el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2020 (PITVI) “rompe” con las condiciones del convenio firmado para su financiación en el año 2002.
El regionalista afirmó que, en este documento, el Ministerio “niega” la financiación al soterramiento ya que señala que “han proliferado otro tipo de actuaciones no relacionadas con la llegada de la alta velocidad, pero que han requerido esfuerzos inversores muy elevados”. A ello se suma, en el texto del Plan, que estos trabajos “no son necesarios para garantizar un buen servicio ni funcionalidad de la red ferroviaria”, por lo que plantea “una profunda revisión de la política seguida en los últimos años”.
Se establece que estas soluciones, entre las que señala soterramientos, cubrimientos o viaductos, “son obras de carácter urbanístico por lo que deberán ser asumidas directamente por las administraciones locales y autonómicas”, contando para ello con “los aprovechamientos urbanísticos que pudieran atribuirse a los suelos ferroviarios que no sean necesarios para la explotación y queden desafectados”.
A juicio de Gil Trincado, esta situación supone que “Fomento quiere romper con el convenio firmado en el año 2002 con el Ayuntamiento de Logroño y con el Gobierno de La Rioja, dice expresamente que no se va a financiar por su parte, algo que Gamarra y Sanz conocen desde que conocen el Plan, hace año y medio, pero que han callado”.
“Hay que tener mucha cara para no cumplir con el convenio firmado en 2002, y decir que se tiene que financiar con lo que haya de suelo, cuando se sabe que, ahora, el suelo que está en el soterramiento se ha depreciado de forma brutal”.
Por ello, exigió al Ministerio “que cumpla lo pactado” y a la alcaldesa Cuca Gamarra y al presidente Pedro Sanz, que “hagan cumplir con lo pactado”, para que Fomento “ponga al menos la mitad de los trabajos, que es lo firmado en el año 2002”.
Con respecto al PITVI, el diputado regionalista apuntó que “se dio a conocer por la ministra Ana Pastor hace año y medio en el Congreso, y es ahora cuando se abre el periodo de alegaciones, así que ya no es un plan 2012-2024, sino 2014-2024, llevamos casi dos años sin que el Gobierno central haya hecho nada, lo mismo que el Gobierno riojano”.
En este sentido, recordó que “en el momento de la presentación, el Ejecutivo regional dijo que era un plan estupendo y que recogía todas las peticiones de La Rioja, pero ahora, sorprendentemente, resulta que anuncia que va a presentar alegaciones, es una incongruencia”.
Para Gil Trincado, el PITVI “no recoge inversiones concretas para el tramo de alta velocidad Castejón-Logroño-Miranda, cuando sí lo hace para el tramo Castejón-Pamplona; tampoco hay mejoras en los trenes de cercanías, y sí las hay para regiones limítrofes; no se incluye nada ni del desdoblamiento de la N-232 ni de la verdadera necesidad de que tenemos, convertir la AP-68 en la autovía de La Rioja”.
“No recoge ningún compromiso concreto para nuevas infraestructuras y sí para acabar obras ya iniciadas hace lustros”, como la conexión con Navarra de la A-12, y, en esta misma vía, el tramo de Hormilla“. De este modo, ”siguiendo el plan de financiación establecido por Europa como básico y prioritario, La Rioja queda marginada hasta 2030 por lo menos“.
Frente a esta situación, señaló que los regionalistas ofrecen al Gobierno regional “un pacto, extensivo al resto de fuerzas políticas, para que todos vayamos juntos en las alegaciones al PITVI, en un pacto por las infraestructuras, el transporte y la vivienda, reivindicando las verdaderas necesidades de la comunidad”. A su juicio, “si no vamos todos juntos, este plan volverá a fallar, como fallaron el de Cascos de 2001 y el de Blanco de 2009, no podemos volver a cometer el mismo error”.
Con este fin, el PR+ registró en el Parlamento riojano una iniciativa “para que el Gobierno convoque a todas las fuerzas con representación parlamentaria para consensuar un documento de alegaciones”, en el que también deberían estar “todos los agentes económicos y sociales”. “El consenso va a ser necesario e imprescindible”, concluyó.